¿La razón de esta propuesta?
Que justamente a él, legislador local en funciones, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública lo violentaron, lo bajaron de su vehículo y lo sometieron a una revisión corporal sin su consentimiento, sin contar –tampoco- con una orden emitida por autoridad competente que les otorgara tal facultad.
No sólo eso. Además lo retuvieron por la fuerza y fue encañonado por los agentes policiacos, lo que en su opinión se encuadra en la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y amenazas con arma de fuego.
La misma Constitución de Veracruz, en su Artículo 49, en la parte final de la fracción cuarta. Incluye como una de las atribuciones del Gobernador: “Impedir los abusos de la fuerza pública a su cargo en contra de los ciudadanos, haciendo efectiva la responsabilidad en que aquélla incurriera”.
Antes de la sesión, al ser cuestionado sobre las agresiones a su compañero de bancada, el coordinador del grupo mixto, Fernando Kuri Kuri se resistió a denunciar que los integrantes de dicho grupo fueran víctimas de acoso por parte de la nueva autoridad en Veracruz, aunque apostilló: “Lo que se ve, no se juzga”.
Y es que no sólo ha sido “Gallo Bolo” el que ha pasado problemas. En los medios de comunicación otros dos legisladores de esa bancada, Vicente Benítez y Rodrigo García Escalante, han sido señalados con ligereza de haber incurrido en actos de corrupción.
No hay argumentos sólidos para confirmarlo, pero la percepción en el Congreso local es que este pequeño grupo está generando problemas que las actuales autoridades estatales no calcularon.
En su intervención ante el Pleno, el diputado Ernesto Cuevas mencionó que otros legisladores han sufrido el allanamiento de sus viviendas y amenazas de muerte, mientras que él ha sido detenido tres veces de forma arbitraria por elementos de la Fuerza Civil, lo que calificó como “posibles actos de intimidación”.
Será importante que Jaime Téllez Marié -quien tiene en sus antecedentes actos de prepotencia y abuso de autoridad en su paso por el ayuntamiento de Boca del Río, en su calidad de Director Municipal de Tránsito- explique las razones de estos hechos.
Pero, además, los legisladores podrían cuestionarlo por el extraño repunte de actos delictivos en contra de periodistas.
Baste señalar los casos de Silverio Quevedo Elox, subdirector del diario Imagen de Veracruz, víctima de secuestro exprés, robo y amenazas de muerte. O el reportero policiaco de la agencia Imagen del Golfo, Santos López Celdo, a quien elementos de Seguridad Pública le quitaron su teléfono y lo agredieron por tomar fotos de los ejecutados en Suchilapan.
Está también el caso del comunicador Ricardo Chua Agama, quien fue víctima de robo por parte de sujetos que se introdujeron en su domicilio mientras no estaba, y el analista Gilberto Haaz Diez, quien reportó sobre el asalto a sus familiares en Boca del Río: "Hace una hora asaltaron a mi hermana Flor, a su hija y a mi cuñado. Los encañonaron en el Oxxo de La Tampiquera", publicó.
Todos estos hechos se han dado en lo que va del mes de diciembre, por lo que el actual responsable de la seguridad de los veracruzanos tendrá que decir algo al respecto.
No esperemos a que haya otra fatalidad para exigir que la autoridad actúe.
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