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ENTRE EL HABLADOR Y EL COJO

De la columna "Punto de vista"

/
Filiberto Vargas Rodríguez
2017-02-27  
21:22

Era 16 de diciembre, apenas el año pasado. Miguel Ángel Yunes Linares, en su calidad de Gobernador de Veracruz, se disponía a tomar un vuelo comercial con destino a la ciudad de México. Fue abordado por la prensa y explicó: “voy a varias reuniones con funcionarios federales, en primer lugar para tratar de resolver la emergencia financiera que vive Veracruz; insistir ante la Secretaría de Hacienda en que es responsabilidad del Gobierno Federal participar en la solución de esta crisis. Voy también a reunirme con el secretario de Salud y con el director del Seguro Popular para exponerles la grave crisis que vive el sector salud en Veracruz y solicitar que el Gobierno federal invierta más recursos a Veracruz y que  se puedan afiliar más personas al Seguro Popular. Tengo una reunión con Patricia Bugarín, que es la responsable de secuestros en la Procuraduría General de la República; y posteriormente me regreso a Veracruz”.


Había un tema que era necesario que Yunes Linares tocara:


— Ayer el Senador (José) Yunes Zorrilla anunciaba que no sería una buena idea la desincorporación fiscal que se ha planteado; que mejor se haga una reestructuración de la deuda, ¿su opinión al respecto?


- No comparto la opinión del senador Yunes, ni en la forma ni en el fondo; él es senador de la República y él no defiende a 8 millones de veracruzanos, él defiende a su compadre el Secretario de Hacienda; yo defiendo el interés de 8 millones de veracruzanos que estamos atravesando por una crisis financiera brutal  derivada de hechos de corrupción. El senador Yunes Zorrilla -quiero ser muy preciso- él defiende al Secretario de Hacienda que es su compadre y por eso vino con un discurso agresivo, grosero; que además de sumarse al interés y a la demanda de los veracruzanos para que el Gobierno federal aporte recursos y se resuelva esta crisis, él lo que plantea -el senador Yunes Zorrila- por instrucciones de Meade, porque por eso vino, es que pidamos créditos de largo plazo y que sigamos endeudando a los veracruzanos. Eso no lo voy a hacer, si pedimos un crédito será de corto plazo y lo liquidaré durante mi administración y nada más”.


¿Cómo ven?


Dos meses después, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares “urge” al Congreso local para que la apruebe una renegociación a la deuda pública de Veracruz. (Sí, esa renegociación que planteaba en diciembre el senador José Yunes y que rechazó Yunes Linares).


Explica hoy que de no recurrir a esa medida, “existe el serio riesgo de que la entidad incumpla las obligaciones de pago contraídas por administraciones anteriores”, pero además “se pone en riesgo la prestación de los servicios públicos y la operación de los programas sociales”.


El 16 de diciembre aseguró que no estaba dispuesto a recurrir a créditos de largo plazo (“si pedimos un crédito será de corto plazo y lo liquidaré durante mi administración”) y sin embargo en la propuesta para la renegociación de la deuda solicita que se le apruebe la “ampliación de los plazos de amortización originalmente contratados” y plantea “que las operaciones de endeudamiento que se lleven a cabo sean pagaderas en un plazo máximo de 30 años”.


¿Y entonces?


¿Y la desincorporación fiscal?


¿Y la defensa de los ocho millones de veracruzanos?


¿Qué sucedió en los últimos 60 días como para que nuestro gobernador cambiara en forma tan radical su postura?


Ya podemos asumir que la alharaca que provocó el gobernador en el mes de diciembre, amagando con sacar a Veracruz de los acuerdos de coordinación fiscal, no era otra cosa que un “blof” para presionar al gobierno federal para que hiciera una mayor aportación al rescate financiero de Veracruz.


La Federación no cayó en el garlito y al final Yunes Linares se vio obligado a contratar un crédito de corto plazo para salir de los apuros más urgentes (salarios, aguinaldos, pensiones, además de un “abono” a los ayuntamientos) y ahora impulsa la renegociación de los pasivos registrados en la Secretaría de Hacienda, que hasta el 31 de diciembre del 2016 ascendían a 41 mil 529 millones 580 mil 201 pesos, distribuidos en 21 distintas obligaciones.


Bien dicen que más pronto cae un hablador que un cojo.

 
 
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