Sin embargo, como para acrecentar y calentar más el agrio y mal oliente ambiente político electoral en Veracruz, de acuerdo con información proporcionada a quien esto escribe, la solicitud de extradición de Duarte no incluye los desvíos millonarios denunciados por la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, el expediente de extradición no incluye ni una sola de las 53 averiguaciones por el desvío de miles de millones de pesos realizados por Duarte y sus principales colaboradores, por lo que el reclamo general de los veracruzanos para que se recuperen los recursos públicos desviados y el encarcelamiento de sus cómplices, tal vez nunca se vea.
En los convenios internacionales de extradición se establece que los extraditados podrán ser juzgados en el país que lo solicita, únicamente por los delitos incluidos en el pedimento de extradición, así que las 53 denuncias penales de la ASF quedarán ahí para testimonio de la impunidad y corrupción solapada en este país.
Por si fuera poco, la petición de extradición deja abierta la posibilidad de que Javier Duarte permanezca en Guatemala por mucho más tiempo, ya que dependerá del propio gobernador y de su defensa si impugna o acepta la extradición, y su regreso a México podría demorar incluso de seis meses a un año, dependiendo de él mismo, de si se allana o no al procedimiento.
Para saber si en la solicitud de extradición no le dejaron algún gato encerrado, deberán pasar al menos 15 días hábiles después de que a Duarte se le notifique de la petición de extradición, tiempo en el que el exgobernador podrá impugnar o allanarse a la extradición. Pero si Duarte no la acepta e impugna, se quedará allá detenido por mucho tiempo, en el que todo puede ocurrir.
Hasta donde se sabe, la solicitud formal incluye solo cuatro órdenes de aprehensión de los 8 delitos que habían trascendido en los medios desde que se supo de su desaparición que son:
1.- Delincuencia organizada en el que considera la operación de una red de empresas fantasma, delito que amerita prisión preventiva de oficio y prisión de 20 a 40 años de prisión.
2.- Operación con recursos de procedencia ilícita;
3.- Abuso de autoridad;
4.- Incumplimiento de un deber legal;
5.- Peculado,
6.- Tráfico de influencias,
7.- Coalición –desvío de 2 mil 300 millones del Seguro Popular-;
8.- Obstaculizar funciones electorales, -por no entregar sus recursos al OPLE-.
Esta historia aún tiene muchos capítulos. | 
