El detalle de quién ejerció los recursos, quién debía comprobarlos y quién resultará finalmente responsable, será tarea de la Contraloría del Estado de Veracruz conforme a la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Veracruz realice las investigaciones pertinentes a convenios federales y estatales en materia de transparencia y comprobación de recursos.
Hasta ahora, y por no poder comprobar la utilización de los recursos, la responsabilidad recae presuntamente en el ex titular de SEFIPLAN, Antonio Gómez Pelegrín, quien incluso, a pesar de que el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, ha se había fugado de Veracruz, siguió liberando recursos al por mayor.
Además, de esa cantidad de millones de pesos, la ASF encontró que de ese mismo Fondo Federal, Antonio Gómez Pelegrín pagó, liberó o transfirió otros 258 millones de pesos en 23 contratos -de un total de 107 auditados en el mismo ejercicio 2016- que curiosamente fueron firmados posterior a la adjudicación de los recursos, y esos sí corresponden a la Secretaría de Salud a cargo del ex titular Fernando Benítez Obeso.
A partir de ahora la pelota está en la cancha de la Contraloría del Gobierno de Veracruz, de la que extrañamente pocas veces se podía esperar alguna orden sancionatoria a quienes como deporte malversaban los recursos federales.
A ver si ahora que gobierna un partido diferente al que ejerció esos recursos hacen valer la alternancia en el poder y se puede llegar hasta las últimas consecuencias, sobre todo que en el análisis que se presenta en esta entrega, solo se analizó lo que pudo suceder en el FASS, pero falta el análisis de otros fondos que presentaremos aquí más adelante.
Habrá que estar pendientes para ver cuánta mugre más saldrá. | 
