El recorte se dio desde el 15 de julio cuando el CDE del PRI prescindió de 82 empleados por no contar con recursos suficientes, de los cuales 12 podrían demandar despido injustificado.
Las finanzas priistas están mermadas por las multas impuestas por temas de fiscalización como entrega extemporánea de facturación, gastos no acreditados por algunos candidatos a diputados locales y la campaña de Gobernador 2016 (ascienden a 13 mdp y se comenzaron a descontar a partir de julio).
La nómina mensual del PRI ascendía a 4.4 mdp, y con las multas les quedan 2.6 mdp, con lo que era imposible continuar con la plantilla.
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