En el fuero federal, en marzo del 2015, le fue quitado el delito de “operaciones con recursos de procedencia ilícita” (lavado de dinero), por un monto de 35 millones de pesos que le inició la Procuraduría General de la República (PGR).
El tema es de interés para Veracruz, pues sienta precedentes y marca el camino que habrá de seguir la defensa del exgobernador Javier Duarte. Los cargos son similares y los procesos en este caso no son tantos, pues la argucia de esconderse en Guatemala y acogerse a la extradición impidió a las autoridades -tanto federales como estatales- que incorporaran más acusaciones en su contra.
El llamado “principio de especialidad”, plasmado en los convenios entre países, establece que sólo se concederá la extradición con la condición de que se juzgue y se condene por los delitos expresamente autorizados por el país que la concede, es decir, por los delitos que motivaron la extradición.
El pasado 10 de agosto la defensa de Duarte consiguió que la justicia federal suspendiera las dos órdenes de aprehensión dictadas en Veracruz en contra de su cliente.
Sin embargo, el Juez Primero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México pidió al juez de Control de Xalapa que informara sobre la fecha y hora en que debería comparecer Duarte para la audiencia inicial por el proceso del fuero común, lo que motivó que su defensa presentara un recurso de queja (que fue admitido) con el que se busca evitar que se realice la audiencia inicial, y resuelva si es procedente o no al acto reclamado como parte del juicio de amparo 614/2017.
Lo que los abogados de Duarte pretenden es ganar tiempo, pues al mismo tiempo, el Primer Tribunal Unitario se debe de pronunciar sobre el recurso de apelación que presentó la defensa por el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa por delitos del fuero federal (lavado de dinero y delincuencia organizada).
Son tres los escenarios que anticipa la defensa del exgobernador, respecto a la resolución del magistrado del Tribunal Unitario: El primero y más optimista, que se considere que no hay elementos suficientes para someter a proceso a Duarte de Ochoa por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, y en ese momento decrete su libertad lisa y llana.
El segundo, que considere que con los indicios de prueba presentados por la autoridad ministerial no se configura la delincuencia organizada (única imputación grave y que lo mantiene en prisión preventiva) y sólo enfrente proceso por uso de recurso de procedencia ilícita.
En este caso, la defensa solicitaría que se le apliquen las medidas cautelares, (que se le imponga el pago de una fianza), para continuar con su proceso en libertad.
El tercer escenario es que se ratifique el auto de vinculación a proceso por ambos delitos y que Duarte de Ochoa enfrente el juicio privado de su libertad. En ese caso ya no tendría sentido prolongar la audiencia inicial por delitos del fuero común en Veracruz.
Muy pronto se tendrán noticias sobre estos procesos, que marcarán en forma definitiva el rumbo del juicio contra el exmandatario estatal.
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