En corto... sin cortes.
José Ortiz Medina.
 

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La gracejada de Héctor
2016-10-26

No se sabe si lo hizo para hacerse el chistoso o el ocurrente, pero el senador Héctor Yunes Landa admitió que si su partido postula “una vaca dormida”, los priistas votarán por ella.


En entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Radio Fórmula, el legislador priista explicó que el llamado “voto duro del PRI” se trata de priistas que votan por cualquier candidato que postule su partido, “si les pones una vaca dormida votan por ella”.


“En la última elección, en la mía, votaron cerca de un millón, pero de ellos, le calculamos que la mitad, 500 mil, es lo que le llaman el voto duro del PRI, que son priistas que votan por el candidato que le pongan, si les pones una vaca dormida votan por ella”, expresó Yunes Landa.


No había terminado de subirse a las redes sociales tan genial aseveración, cuando ya los internautas comenzaron a tundir al candidato perdedor a la gubernatura. Lo más interesante que le dijeron fue que “el peor enemigo de Héctor Yunes es Héctor Yunes”.


Por ello, ni tardo ni perezoso, a través de las mismas redes sociales, Héctor ofreció, por la tarde de este martes, una disculpa pública a los militantes del tricolor.


A través de su cuenta de Twitter, Yunes Landa expresó:


“A la opinión pública.


El día de ayer, en una entrevista nacional, expresé que el voto duro de los partidos, incluido el de mi instituto político, el PRI, se significaba por ser un voto de afinidad partidista, que solo toma en consideración las siglas bajo las que postula para ejercerse.


Para ejemplificar esto, utilicé indebidamente un ejemplo campirano, propio de la región de la que soy oriundo, diciendo que votaban hasta “por una vaca”. Expresión coloquial que no pretendía ofender ni a candidatos ni a militantes de mi partido.


Ofrezco una disculpa por la expresión de una alegoría que no debí utilizar.


Respeto mucho a la gente que ha entregado su confianza, su trayectoria, su trabajo y su voto al PRI.


Nuevamente les expreso mi disculpa a quienes se hayan sentido ofendidos”.


Y como dijera el extinto Juan Gabriel, pero qué necesidad.


Arturo Bermúdez pierde una batalla legal 


El Servicio de Administración Tributaria inició una revisión a fondo sobre la situación fiscal de Arturo Bermúdez Zurita, ex Secretario de Seguridad Pública de Veracruz en el Gobierno de Javier Duarte y poseedor de una fortuna revelada en agosto pasado por el diario REFORMA.


Además, el SAT requirió informes y documentos a Rafael Gerardo Rosas Bocardo, quien ya enfrenta orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada, al ser señalado como prestanombres de Duarte.


Este martes, el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Germán Cruz Silva, se negó a conceder una suspensión provisional para frenar las revisiones, como parte de un amparo promovido por abogados de Bermúdez el pasado 17 de octubre.


Las revisiones de gabinete son visitas domiciliarias sobre la contabilidad del contribuyente, pueden prolongarse hasta un año y resultar en fincamiento de créditos fiscales y denuncias penales por fraude fiscal.


Hasta ahora, la PGR no ha presentado cargos penales contra Bermúdez.


El 4 de agosto, REFORMA publicó que Bermúdez es dueño de 19 inmuebles en México y Estados Unidos, así como de 24 empresas que se dedican a toda clase de giros comerciales y que, según el Gobernador electo de Veracruz, Miguel Angel Yunes, serían utilizadas para lavar dinero.


El mismo día de la publicación, Bermúdez renunció a la SSP estatal “para esclarecer el origen de su patrimonio”, mientras que Duarte afirmó que no sabía de la existencia de las propiedades y empresas de su subordinado.


Además de los 19 inmuebles a nombre de Bermúdez, 2 de ellos en Houston y el resto en México, Yunes denunció que la esposa, hermano y dos sobrinos del ex funcionario son dueños de otras siete propiedades en dicha ciudad.


El valor de las nueve propiedades en Houston es de casi cuatro millones de dólares, y todas fueron compradas a partir de 2012, según los registros públicos locales.


Arely Gómez se va de la PGR y deja “botadas” denuncias contra corruptos 


La Presidencia de la República anunció que Arely Gómez deja la Procuraduría General de la República para ser propuesta al Senado como secretaria de la Función Pública y encabezar desde ese cargo el Sistema Nacional Anticorrupción del Gobierno Federal.


No deja de ser paradójico e irónico que esta funcionaria sea colocada al frente de esa área, cuando en los hechos está dejando “botados” los procesos iniciados por la PGR en contra de los ex gobernadores acusados, precisamente, de corrupción, como Javier Duarte de Ochoa y Guillermo Padrés.


Incluso, hay que destacar que durante el tiempo que encabezó al Ministerio Público federal Arely Gómez recibió toda suerte de denuncias penales por parte de organismos como la Auditoría Superior de la Federación en contra de funcionarios del gobierno de Veracruz por las anomalías y desvíos que ahora son tan conocidos. ¿Y que hizo con esas denuncias? Absolutamente nada. Algunas hasta las regresó a Veracruz para que aquí se decretaran a sí mismos inocentes.


¿Y así va a combatir la corrupción? ¡Qué tomada de pelo nos siguen dando a todos los mexicanos! 


Nicanor ve con buenos ojos el rescate financiero 


Como “positiva”, calificó el empresario Nicanor Moreira Ruíz, la solicitud de apoyo que hizo el actual gobierno para que la Federación envíe 11 mil millones de pesos que permitan rescatar financieramente al estado.


El empresario xalapeño consideró como positivo que con esos 11 mil millones (5 mil para la actual administración y 6 mil para el próximo gobierno) se puedan pagarse adeudos, salarios y prestaciones y compromisos institucionales con la Universidad Veracruzana (UV) y el Instituto de Pensiones del Estado (IPE).


El contar con esos 11 mil millones, dijo, sería una oportunidad para reactivar la economía, pues no sólo permitirá asegurar el salario y las prestaciones a la burocracia, sino también garantizará pagos a la iniciativa privada y a instituciones con las que se mantienen pendientes económicos al cierre del ejercicio fiscal.

 
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