No es lo mismo el adeudo a empresarios que el no pago de salarios a los trabajadores. En el primer caso el tema es de carácter mercantil, en el segundo, es una flagrante y consentida violación a un mandato constitucional. Luego no se vale que los primeros, a río revuelto, pretendan se les meta en el mismo saco en la asignación de prioridades en el proceso de pago de adeudos del gobierno estatal.

Primero lo primero y, si alcanza, ya mañana dios dirá. Así de simple, puesto que el horno no está para bollos.

Y ya que se toca el tema del cuento de nunca acabar, vale señalar que si en nombre del orden y gobernabilidad se contempla reprimir a los trabajadores inconformes, el gobierno estatal debe pensarlo dos veces, toda vez que quién está violentando el espíritu de la ley y dando lugar al desorden, es el empleador omiso y no los asalariados. Creo que esto debe quedar claro para no confundir a una ciudadanía que se dice cansada de marchas, plantones y bloqueos y a la que el por ahora gobernador electo curándose en salud responde con un llamado a evitar desorden y caos en la entidad.

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Hojas que se lleva el viento.

Más chingones que bonitos, tanto la desfondada Secretaría de  Finanzas y Planeación del gobierno estatal como el Congreso local, que por voz de sus personeros hacen gala de una simulación que ya no se corresponde con la dinámica social de una entidad federativa que, para bien o para mal, ya no es la de endenantes.  

La dependencia del ejecutivo, sin un clavo ni para papel higiénico, presenta a la LXIV Legislatura para su análisis y aprobación, en su caso, el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el 2017 que, en números redondos, supera los 100 mil millones de pesos, declarando la titular de Sefiplan, Clementina Guerrero García, que  “…el proyecto está elaborado con la metodología presupuestal basada en los estados y modelos preferentemente señalados por el Instituto Mexicano de la Competitividad”.

Por su parte, la presidenta de la mesa directiva de la Legislatura local, diputada María Elisa Manterola Sáinz, siguiéndole la corriente a Doña Clementina, expresa su beneplácito ante un proyecto de presupuesto “histórico”, puntualizando que “Se buscará una concordancia entre lo propuesto y el propio  Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, que también analiza esa soberanía, toda vez que el gobernador electo, lo entregó en tiempo y forma”.

En ambos casos, se antepone protagonismo al sentido común, cayéndose en la vieja y manida fórmula del engaño y la manipulación mediática, considerándose que los veracruzanos se siguen chupando el dedo.

El proyectar un presupuesto de ingresos y egresos gubernamental, sea cual fuere la metodología seguida para su elaboración, no se puede sustentar sin una evaluación seria de la situación que guardan las finanzas públicas estatales para de ahí, como punto de partida, establecer la relación ingreso-gasto de la administración pública estatal para el periodo contemplado. Evaluación que, de acuerdo con lo declarado por la propia titular de SEFIPLAN, aún no concluye ni arroja resultados definitivos que puedan ponerse a consideración de la Secretaría de Hacienda para una negociación ulterior.

El sentido común, dada la situación que guarda una administración pública quebrada, obliga a pensar entonces que en orden de preeminencia debería jerarquizarse como prioritario primero el saber a ciencia cierta de que punto de partida estamos hablando. Más existiendo la incertidumbre respecto a la disponibilidad y montos de recursos frescos, que la federación está dispuesta a aportar como respaldo a una entidad federativa en condiciones de desastre.

En tanto la opinión pública no tenga claro lo anterior, no cabe echar las campanas al vuelo, sin conocer aún con cuanto se contará una vez descontado de los 100 mil millones presupuestados, el pago de deuda y su servicio, so pena de quedar en ridículo y seguir dándole vueltas a la noria.

También, recurriendo al sentido común, no procede afirmar que se buscará la necesaria concordancia entre el proyecto de egresos y el llamado “Plan Veracruzano de desarrollo 2016-2018, cuando el pleno de la actual Legislatura presumiblemente aún desconoce alcances, contenido y exigencias financieras de un instrumento legal a todas luces cuestionable y aún en proceso de estudio en comisiones.

La simple lógica formal indica que primero hay que conocer la disponibilidad real de recursos para, de ahí, validar o ajustar estrategias, objetivos y metas por alcanzar en el período proyectado. Esto lo conoce a la perfección cualquier ama de casa responsable de la administración del ingreso familiar, si no quiere fracasar en el intento. No se puede programar el gastar por anticipado un dinero cuya disponibilidad futura está en veremos, salvo endeudándose y, para el caso Veracruz, es algo así como imposible, no más deuda es el sentir en el imaginario colectivo.

Todo ello en un plazo límite de apenas siete días para que tanto el proyecto de leyes de ingresos y egresos como el llamado “Plan Veracruzano de Desarrollo” sean analizados y aprobados, en su caso, por el pleno de diputados para su promulgación y vigencia. Instrumentos que a su vez, para materializarse y puesta en práctica, requieren de un aparato gubernamental hoy por hoy, ineficaz y corrupto que debe ponerse a tono con propósitos, estrategias y estilo personal de gobernar de Yunes Linares.

Esto, en un escenario social de descontento, desconfianza y hartazgo, en el que el nuevo gobierno está obligado a caminar con pies de plomo para no resbalar.

No nos engañemos ni engañemos si de oxigenar el cotarro se trata. Ya lo decía la abuela pontificando: el que mal empieza mal acaba.

Xalapa, Ver., 24 de noviembre de 2016.

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