Fuera de foco.
Silvia Núñez Hernández.
 

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Hostigamiento a familia de Pedro Tamayo
2016-12-07

 Alicia Blanco Beisa es la viuda de Pedro Tamayo Rosas, periodista asesinado en el municipio de Tierra Blanca en el gobierno del tirano y prófugo de la justicia, Javier Duarte de Ochoa, hoy acusado de enriquecimiento ilícito. Curioso resulta en la actualidad, el hostigamiento que a partir del crimen del periodista, ha tenido que soportar su familia, quienes han soportado una serie de infamias que ya indigna hasta al más duro colega oficialista. Hace apenas dos meses –en octubre del 2016- incendiaron su casa y hoy trasciende que el hijo del periodista, el joven Adrián Tamayo Blanco, fue sido detenido de manera ilegal por parte de los elementos de la Policía Ministerial acusándolo de haber robado una camioneta. 


 La viuda de Tamayo, la señora, Alicia Blanco Beisa, indicó que la detención se llevó a cabo en una taquería donde el muchacho se encontraba cenando. Los Policías Ministeriales actualmente a cargo de Jorge Wickler Ortíz, quien funge como encargado de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), lo sacaron a golpes del lugar, sin mostrar ninguna una orden de aprehensión y adjudicándole el supuesto robo de un vehículo y el crimen del doctor Carlos Luna Escudero, el cual fue encontrado muerto el pasado viernes en una casa abandonada, luego de su secuestro. Es importante advertir que según la denuncia de la viuda, que tanto el homicidio como el robo de la camioneta es una infamia, pues advierte que tanto ella como toda su familia están siendo custodiadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.


 Blanco Biesa expresa que su hijo Adrián Tamayo Blanco está siendo golpeado por los Policías Ministeriales y además advirtió, que hasta el momento se encuentra muy preocupada porque su nuera y su nieto –que estaban en la taquería con él- no han sido localizado y están en calidad de desaparecidos. 


 Habría que preguntarle a Jorge Wickler Ortíz que si continuará con la misma tónica que ejecutó el ex fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras, a quien antes del llegar al poder criticó y señaló hasta el cansancio por la prácticas violatorias que este utilizaba en la fabricación de pruebas en contra de los periodistas asesinados, los cuales siempre difamó y pisoteó sus memorias, vinculándolos con el crimen organizado. Que nos explique además cual es el Código Penal que utilizará para proceder en contra de las personas, cuando derivado de los procesos orales, a una persona no se le puede detener y llevar a la cárcel hasta no probarle su culpabilidad sobre un hecho. Observamos que la ilegal detención se sigue llevando a cabo, violando el debido proceso de las y los ciudadanos. 


 ¿La detención es legal? ¿Por qué la golpiza? ¿Es necesaria? ¿Cómo alguien custodiado las 24 horas por elementos de la SSP, pudo participar en el secuestro y asesinato del doctor? ¿Le ayudaron los escoltas del mismo gobierno a secuestrar, matar y robar un automóvil? 


 Será interesante escuchar la versión oficial sobre el tema, por lo tanto, esperemos que Jorge Winckler Ortíz tenga la amabilidad y la sensibilidad para explicar a detalle a que se debió que elementos a su cargo, procedan de tal forma, violando los derechos tanto constitucionales como humanos de una persona y además, incurriendo en la ilegalidad al detenerlo sin haber girado un juez una orden de aprehensión. Ojalá igual sean de eficientes para estar buscando a Javier Duarte de Ochoa y esperemos también que ejecuten el mismo trato que los Policías Ministeriales utilizan en contra de la ciudadanía, de propinarle una golpiza para que “cante”.  


 “La forma es el fondo”: Reyes Heroles


 Controversia tras controversia ha desatado el futuro “flamante” secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, quien cometió un evidente tráfico de influencias apoyado por la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Deifilia Ladrón de Guevara González quien en tiempo record, le facilitó el título universitario de la licenciatura en Derecho para que sin impedimento alguno, pudiera ocupar el cargo que el gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares le había otorgado. En un comunicado por parte de Ladrón de Guevara González, advierte sobre la forma que este funcionario de la “transición” logró el título para no verse impedido para desempeñar el cargo que lo convertiría en el segundo hombre más importante después del ejecutivo estatal. 


 En el comunicado de la rectora se advierten cuatro puntos interesantes: 


 En el primero defiende que la emisión de los títulos por parte de la Universidad Veracruzana se realiza con “estricto apego a la normatividad vigente” supuestamente sin distinciones [más adelante del comunicado se contradice por la forma que se lo concedió a Franco Castán]. En el segundo punto advierte que quien gestiona el registro de título y expedición de cédula profesional es Oficialía Mayor a través de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Hace una aclaración en el tercer punto sobre que recibió una solicitud de información con apellidos parecidos pero no idénticos a los del “Licenciado” en cuestión y por último, precisa que Rogelio Franco Castán completó sus estudios en la Facultad de Derecho en la generación 93-97 y que derivado de ello obtuvo el dictamen por parte del H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho para la excepción del examen profesional simplemente por haber acreditado que si estudió la carrera.


 Es decir, evidentemente las autoridades universitarias de la Máxima Casa de Estudios, tituló a Franco Castán sin haber cumplido con un trabajo recepcional y su examen profesional. Aunado a todo ello, le expide en tan sólo 10 días [hizo el trámite el 18 de octubre del 2016 y se lo entregó el 28 de octubre del mismo año, que considerando sábado y domingo se reducen a ocho días] el título [sin cédula profesional] para que “ampare” el “hueso” que el gobierno yunista le sea otorgando como consecuencia de la coalición PAN-PRD. 


 El promedio de un trámite de ésta naturaleza va desde 90 días [si el interesado viaja a Xalapa para buscar el paquete] y hasta seis meses, que es el proceso que lleva el de enviar la papelería recabada por parte de todas las facultades [sobre todo si se trata facultades lejanas al ciudad capital] de los egresados titulados [arancel, fotos y formato debidamente llenado solicitando la tramitación de dichos documentos], paquete que la Dirección General de Profesiones de Secretaría de Educación Pública también recibe para la elaboración de las cédulas profesionales que se elaboran en la Ciudad de México. El viaje entre una dependencia y otra, es la que provoca que la documentación [título y cédula profesional] lleguen a las manos del profesionista seis meses después. El comunicado enviado por parte de la autoridad universitaria, es signado por Héctor Francisco Coronel Brizio, director general de Administración Escolar de la UV. 


 Lo interesante de este asunto en cuestión, es la manera de cómo lo ayudan para que Franco Castán pueda ser secretario de Gobierno del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y lo exoneran del trabajo de tesis, tesina o monografía que usualmente un universitario egresado de cualquier facultad de la Universidad Veracruzana tiene que realizar para lograr el título y su cédula profesional.  


¨Pero si de política se trata, todo es válido cuando se tiene que “pagar” los compromisos y ahora, Rogelio Franco Castán, arribará a un puesto lo hace inmerecidamente utilizando las argucias más sucias en complicidad con la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara. Al perredista siempre se le recuerda por ser del grupo de sol azteca que mantuvo con filiales estrechamente con el PRI. Con el amparo y bajo el cobijo de su entrañable amigo Erick Lagos Hernández [ese mismo que saltó de méndigo a multimillonario], este sujeto ha logrado obtener beneficios monetarios muy jugosos que le han permitido obtener ganancias nada despreciables. 


 En política, primero comen sapos [como es el caso Castán y Lagos Hernández] y luego, se convierten en los hombres más acaudalados como consecuencia de la corrupción en las que se mueven, como es el caso de ambos, quienes en la actualidad el primero se dice que tiene una flotilla impresionante de taxis [todos obtenidos por “favores” a Javier Duarte de Ochoa] en diferentes municipios del estado de Veracruz [en cada uno de ellos, dice Radio Bemba que tiene de 50 hasta 100 unidades] y el segundo, que tiene en su haber diferentes “negocios” y propiedades, todo obtenido con dinero del erario público. 


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