A ver, a ver, a ver… ¿cómo está eso de que el Gobierno del Estado ha ofrecido recompensar con 500 mil pesos a quienes aporten información que les permitan identificar y detener a los que desde el miércoles han saqueado tiendas de autoservicio en Veracruz, Xalapa, Tierra Blanca y Coatzacoalcos, entre otras ciudades de la entidad?

¿Un gobierno que oficialmente se ha declarado “en emergencia financiera” por la administración estatal en bancarrota que recibió –lo que le ha obligado a despedir a cientos de empleados por contrato–, estará en condiciones de pagar cientos de millones de pesos por localizar y aprehender a los miles de vándalos que participaron en estos actos de rapiña que si bien son reprobables y se deben sancionar, no son de la misma gravedad que los ejecutados por el crimen organizado?

Entre los que saquearon supermercados, almacenes de electrodomésticos, jugueterías y casas de empeño este miércoles y jueves, debieron contabilizarse por lo menos más de mil personas. ¿El gobierno estatal desembolsaría arriba de 500 millones de pesos para recompensar a quienes los denuncien?  

¿De quién habrá sido tamaña ocurrencia? Si no surgió del gobernador Miguel Ángel Yunes, entonces éste debió frenarla de inmediato.

Ya son varios analistas políticos que preguntan si el mandatario veracruzano cuenta con asesores y si en caso de tenerlos de veras se deja aconsejar.

Y es que en su gabinete no se observa un solo funcionario con suficiente temple, estatura política y calidad moral para atreverse a enmendarle la plana al jefe del Poder Ejecutivo.

Por ejemplo, el secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, que debería ser el más indicado, no tiene cara para hacerlo luego de la exhibida que se dio por su titulación fast track como Licenciado en Derecho un mes antes de tomar posesión, quedando la sospecha de si realmente cursó la carrera en la Universidad Veracruzana, pues varios egresados de esta casa de estudios que debieron ser sus contemporáneos o compañeros de aula entre 1993 y 1997, aseguran que jamás lo vieron asistir a clases. Es más, refieren que a mediados del sexenio del gobernador Patricio Chirinos (1992-1998) se suscitó un sospechoso incendio en las oficinas administrativas de esa escuela que consumió casi toda la documentación oficial de los alumnos. El ex secretario académico de esa Facultad, Carlos Arturo Gómez Vignola, actual oficial mayor de la UV, quien casualmente le agilizó en octubre del año pasado el trámite de su título a Franco Castán, debe saber mucho de esto. Una interesante historia que también conoce al dedillo un ex porro universitario y ahora “honorable” consejero estatal del PRI, Vicente Luna, muy allegado al ex secretario duartista de Gobierno y actual diputado federal por Acayucan, Erick Lagos Hernández,