Un tercer factor que se debería abordar de inmediato es el desconocimiento de la población en general acerca de qué es la AVG, para que la ciudadanía pueda unirse al reclamo de resultados.
La alerta de género es un mecanismo jurídico del que se derivan acciones coordinadas de varias instituciones para prevenir y frenar el feminicidio, las cuales, si se realizan adecuadamente pueden propiciar también la impartición de justicia más expedita en los casos no resueltos.
La alerta de género la emite un grupo de trabajo con base en los datos sobre la violencia hacia las mujeres (los asesinatos), después de que el titular del Poder Ejecutivo de un municipio o estado haya recibido recomendaciones que no se atendieron, se rechazaron o se negaron como válidas.
Una vez emitida la alerta de género se debe formar un grupo interinstitucional y multidisciplinario enfocado a abordar el problema de la violencia hacia las mujeres y coordinar acciones para darle seguimiento y solucionarla.
El problema debe ser estudiado para estar en posibilidad de emitir un reporte que indique a qué se debe la violencia de género y qué medidas se tomarán para abatirlo.
Ese reporte no puede consistir, como ha ocurrido en repetidas ocasiones, en ofrecer declaraciones generales como “se debe a la delincuencia organizada”, “es producto de la violencia creciente en la sociedad”. Se requiere hacer un análisis sistematizado, con base en los datos duros para saber qué circunstancias específicas provocan la violencia y con base en esa información tomar las medidas, tanto para enfrentarla, prevenirla y detenerla como para estar en posibilidad de atender los hechos ya registrados para otorgar justicia a las víctimas.
Hacer esos estudios y el reporte, que debe ser público, requiere de la participación de personas capacitadas que con su conocimiento del problema y con perspectiva de género, es decir, convencidas de que es necesario proteger a las mujeres de cualquier acto de violencia, especialmente de los feminicidios, puedan desprender medidas que debe aplicar el gobierno en cuestión. Hacer todo eso con profesionalismo cuesta, operar las recomendaciones también cuesta, pero el bien social de reducir o erradicar la violencia contra las mujeres debería ser suficiente para que los recursos aparecieran y se aplicaran debidamente.
El análisis debería empezar por reconocer todos los casos de feminicidio, pues los registros de las organizaciones de la sociedad civil siempre son más altos que los datos oficiales. Es preciso establecer patrones o perfiles: edad, ocupación de las víctimas, nivel socioeconómico, vínculo con el agresor, espacio físico en que tuvo lugar la agresión, tipo de arma utilizada y muchas otras variables que señalarán a qué se debe la violencia. Es como hacer una radiografía de alta calidad para recomendar la medicina que habrá de curar la enfermedad.
Araceli González Saavedra, una persistente luchadora por los derechos de las mujeres en Xalapa, ha hecho notar que si se siguen estos pasos se puede llegar a un resultado. Señala que en el caso de Guanajuato, con base en el análisis estadístico se pudo determinar que los feminicidios se perpetraron contra mujeres que con anterioridad habían presentado denuncias de violencia, pero no se emitieron medidas de protección.
En cambio, señala, en Veracruz se emitió la alerta de género a fines de noviembre del año anterior y no sólo no se ha logrado prevenirla o evitarla, sino que desde entonces han ocurrido 55 asesinatos de mujeres en el estado.
En vista de que exhibir perspectiva de género se ha vuelto políticamente correcto todo mundo parece adherirse a este enfoque pero queda en declaraciones o actos de la más burda burocracia, y en una partida presupuestal que se puede aprovechar para otros fines.
Un caso que conozco de cerca. Radiotelevisión de Veracruz es el sistema público de comunicación de la entidad. Tiene una unidad de género. En el sexenio anterior nada se hizo ni al interior del organismo ni hacia fuera. El área de Noticias incluía de cuando en cuando información sobre el tema de mujeres porque es naturalmente noticioso. La Unidad de Género solicitaba esas notas informativas para adjuntarlas como comprobante del trabajo del área y justificar así los recursos que se destinaban a este rubro. Este acto tramposo podría parecer natural en la administración anterior, pero la responsable duartista de esa área continúa en su puesto. Y digo duartista no por el lapso en que tal cargo se ejerció, sino porque se ha convertido en adjetivo que denota la naturaleza farsante y malograda de dicha administración. Lo más lastimoso es que en lo que va de esta administración tampoco se ha hecho nada, cuando un medio informativo podría formar parte del grupo interinstitucional encargado de operar el mecanismo de la AVG y estar contribuyendo pertinentemente en la obtención de buenos resultados.
Mientras las acciones para enfrentar el feminicidio se extravían en el mar de una institucionalización mal entendida de la perspectiva de género, las mujeres siguen siendo asesinadas. El problema de burocratizar la perspectiva de género.
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