El que se diga que Veracruz es una gran fosa, la más grande de México, no es siquiera una novedad. Es algo que se denunció al menos desde hace dos años en, ciertamente, muy contados espacios periodísticos del estado. Éste incluido.

Sin embargo, la dimensión de los hallazgos de osamentas de cuerpos humanos enterrados clandestinamente de los últimos meses sobrepasa los límites de la imaginación más perversa.

Han sido tantos los restos, tantas las evidencias del más horrible dolor encontrados en algunos parajes de la geografía veracruzana; tantas las cifras que han danzado por las asociaciones civiles y las autoridades ministeriales, que en este momento es demasiado complicado determinar meridianamente el número de personas que fueron desaparecidas los últimos años en la entidad y cuyos cuerpos fueron escondidos en un agujero en la tierra para que nadie los encontrara nunca más.

De lo que sí hay certeza es que son miles. Tan sólo en las zonas de Santa Fe y San Julián, cerca de la zona industrial del puerto de Veracruz, se han encontrado más de 250 cráneos así como miles de pedazos de huesos en unas 120 fosas. Solamente en esa área.

Y no han sido las autoridades, ni las anteriores ni las actuales, las que hicieron el macabro hallazgo. Tuvieron que ser las brigadas de madres y padres que desesperados por la inacción e indolencia oficial, se lanzaron a la búsqueda de sus seres queridos. A pesar del dolor que sienten. A pesar de los enormes peligros que esa tarea entraña. A pesar de todas las injurias que recibieron y siguen recibiendo para desacreditar su labor y minimizar la abominación que ha quedado al descubierto, para vergüenza no sólo de Veracruz, sino del país entero, que sólo hasta ahora se escandaliza.

Por sí mismos, los hallazgos de Santa Fe y San Julián merecen la condición de emergencia humanitaria, misma que desde ningún nivel de gobierno se quiere solicitar y mucho menos aceptar, pues lo que queda de manifiesto es la incapacidad y la colusión de las instituciones con estos actos criminales.

Pero no todo se concentra en el puerto de Veracruz. Hacia el norte y hacia el sur del estado hay incontables historias de dolor y terror que claman por ser contadas una vez que se abra la tierra y se les descubra. Por años se ha sabido, pero poco se ha dicho, por el inmenso riesgo que eso representa, pues el crimen organizado, dentro y fuera del gobierno, está involucrado.

La inexperiencia de las nuevas autoridades estatales no les ha permitido dar a este problema la atención necesaria con la seriedad debida. Así lo indican las constantes quejas de las integrantes de los colectivos de búsqueda. Y aunque no se duda que exista voluntad e intención por hacerlo, no basta con eso.

La Fiscalía General del Estado tiene la obligación de ser sensible ante una crisis humanitaria sin precedente alguno en Veracruz y en México. No es intentando exhibir y ridiculizar a los colectivos y organismos civiles como se va a ganar su respeto. Ojalá lo logren entender a tiempo.

Todo el territorio estatal es un inmenso cementerio clandestino que nadie se atreve a abrir por completo. Las culpas enterradas son demasiadas.

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