Cuando ocurre un siniestro en cualquier punto de nuestra geografía, sean inundaciones, huracanes, temblores, derrumbes, o la suma de varios de éstos, el gobierno federal activa ipso facto el Programa Nacional de Protección Civil donde un personal calificado y un equipo moderno ponen a salvo a la población en riesgo o damnificada. 

De forma simultánea, se   inicia la reconstrucción de daños, al través del Sistema Nacional de Protección Civil en Emergencias y Desastre SINAPROC, y se autoriza la utilización de recursos del Fondo de Desastres Naturales FONDEN, con los que se costea la recuperación de los daños. 

Estos importantes esfuerzos del gobierno federal para proteger a la población civil de los desastres naturales, me hacen lamentar que no exista un sistema equivalente que nos proteja a los ciudadanos de la devastación que cometen los malos gobiernos, dejando, no pocas veces, secuelas mayores a las de una hecatombe  natural.  

Es el caso de Veracruz, que está padeciendo desde hace algunos años problemas de gran calado en todos los órdenes, mientras la política del gobierno federal no ha sido ni preventiva, ni reactiva, sino simplemente omisa. 

No actuó cuando era el momento  a pesar de contar con evidencias   fehacientes del saqueo en la entidad, pudiéndolo evitar, ni ahora,  ya cometido el daño, en que la quiebra económica, la pobreza, el desempleo, la corrupción, inseguridad y la impunidad, tienen sumida a la entidad en una debacle de proporciones  mayores, incluso, la ocasionan los  desastres naturales, con un tejido social prácticamente inexistente e  instituciones socavadas hasta lo indecible. 

Ciertamente que el Sistema de Protección Civil en caso de Emergencias y Desastres, no contempla la atención a daños provenientes de la corrupción extrema de las gestiones de gobierno, para ello existe el Sistema Único de Justicia Penal, que contempla el juicio imparcial a los presuntos responsables, un castigo ejemplar a los culpables, y concluyendo el proceso, la reparación del daño, es decir, la devolución de todo lo que fue  saqueado, en este caso, al pueblo veracruzano. 

Pero  ¿Qué piensa y esperan los veracruzanos de  la impartición de justicia en nuestro país?  Si durante años la Auditoría Superior de la Federación formuló observaciones, cada vez más graves, sobre el vertiginoso saqueo de las arcas públicas en Veracruz, focos rojos de alarma, nadie escuchó.

Cuál puede ser la percepción de los veracruzanos, cuando al final de su mandato, Javier Duarte es acusado penalmente, pero se fuga a plena luz del día, sin que nadie lo impida? 

Las escenas de su detención, plagadas de contradicciones, mientras su cónyuge y principal cómplice, ponía tierra de por medio, sin ningún requerimiento por parte de la justicia mexicana, más parecen salidas de un  reality show que un logro destacado de la justicia mexicana. 

El reciente intercambio de acusaciones entre cercanos colaboradores de Duarte, no es sino una mera función de circo, una actuación estridente para distraer la atención del real problema: la acción omisa del gobierno federal para que Duarte vaya a juicio. 

Sera acaso necesario un desastre natural para obtener una respuesta del gobierno federal en Veracruz? Que lamentable. 

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