Dos temas han captado la atención de los medios durante esta semana y la pasada, por un lado la pretensión de la oposición por cerrar el paso a Raúl Cervantes, el Procurador General de la República, para que se convierta en el primer Fiscal General de la Nación, y por otro lado la conformación del Frente Amplio Democrático o Frente Amplio Opositor, dependiendo la perspectiva desde la que se vea: desde la Izquierda o desde la Derecha. Aunado a lo anterior, el señalamiento de un supuesto enriquecimiento inexplicable de Ricardo Anaya y su familia.

Todo lo anterior derivó en una crisis parlamentaria en la Cámara de Diputados, donde aún no han podido elegir y en consecuencia instalar la Mesa Directiva que fungirá durante el presente periodo ordinario.

Veamos, con la finalidad de desviar la atención y que se olviden los señalamientos en su contra, vamos, para no entrar al  fondo del asunto, Canalla, o perdón, Anaya instruyó a los diputados de su bancada boicotear el funcionamiento de la cámara con el pretexto de que no puede permitirse, ahora, el paso automático de Procurador a Fiscal, aduciendo que Raúl Cervantes no garantiza Independencia y autonomía respecto al Presidente de la República, argumento que no fue factor determinante para su nombramiento como Procurador, siendo, en su momento, aprobado en el Senado  por mayoría calificada.

Así las cosas, los temas se entrelazan y llevan al Congreso a una innecesaria parálisis, que, de continuar, pondrá en riesgo la viabilidad del paquete económico 2018.

No era  necesario llegar a este punto si en el Senado se  hubiera dado trámite oportuno a la iniciativa del Presidente Peña Nieto para desaparecer el “pase automático”.

En este orden de ideas, es de analizar que, reviviendo la iniciativa Presidencial, se podría argumentar lo innecesario de la presión de los opositores, y lo mezquino de sus intenciones, dando una salida política al problema, sin embargo el asunto no quedaría saldado jurídicamente pues aun dándole entrada a la contrarreforma, ésta, tratándose de Reforma Constitucional, tendría que presentarse y aprobarse en dos periodos diferentes así como por la mayoría de las Legislaturas de los Estados. Lo que complicaría la posibilidad de hacerlo fast track como esperan los declarados en rebeldía; y por otro lado, la nueva disposición no aplicaría para Raúl Cervantes, quien, Abogado como es, tendría la posibilidad de ampararse en contra de la aplicación retroactiva de la Ley en su perjuicio, pues esto lo prohíbe el 14 Constitucional.

Ante este escenario, la salida política y jurídica al conflicto sería la renuncia de Cervantes para dar paso al procedimiento de selección del nuevo Fiscal de acuerdo con la legislación vigente, y que, por supuesto, Raúl Cervantes no se postulara, pues a pesar de lo gris y mediocre de su actuación al frente de la Procuraduría, donde no ha obtenido logros y avances dignos de reconocerle, no ha perdido los atributos que lo llevaron a obtener el reconocimiento para ser Procurador.

En lo que se refiere al Frente Amplio, este nace “desinflado” ideológicamente pues no nos aclara cual es el modelo de nación a la que aspiran ya que su único argumento es: Sacar al PRI del poder y cerrarle el paso a López Obrador, argumentos que electoralmente les podrían atraer votos pero para mucha gente pensante equivaldría a llevar al país a dar un salto al vacío, o sea a no saber hacia dónde nos llevarían, lo que lo convierte en un auténtico Galimatías

Veamos si, a la hora de seleccionar candidatos, el Frente  pasa la prueba y permanece unido para constituir una coalición de gobierno, o  al menos legislativa, como pregonan que harán.