Lo sucedido este lunes en la comunidad Ojite de Matamoros, en el municipio Coxquihui, representa la reafirmación de la vena más autoritaria del régimen que prometió el cambio en Veracruz.

La represión policiaca ordenada por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en contra de los habitantes de esta población -que bloquearon una carretera para exigir atención médica en su comunidad ante el brote infeccioso de una enfermedad respiratoria aguda que ya ha cobrado la vida de dos niños- no sólo no tiene justificación alguna, sino que confirma que la actual administración declaró cancelada la vía de la política y el diálogo, para a su vez instaurar plenamente la “ley del garrote” contra quienes disientan y protesten.

Ni siquiera se tuvo la mínima intención por dialogar con los manifestantes, que claramente no exigían algo injusto, ni se trataba de los conocidos profesionales de la protesta que buscan obtener prebendas disfrazados de “luchadores sociales”. Eran los habitantes de una comunidad pobre de una zona indígena de alta marginación, que pedían a las autoridades cumplir con las responsabilidades por las cuales se les paga un salario.

La respuesta institucional a esta demanda fue la aparición de un centenar de policías antimotines que abrieron el paso en la carretera a toletazo limpio contra la población. De pronto, retrocedimos unos 30 o 40 años.

Es verdad que nadie debe sentirse engañado. Desde su misma toma de posesión como gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares advirtió que no permitiría protestas que bloquearan calles o caminos. La llegada de la “mano dura” al gobierno de Veracruz no fue ocultada. Al contrario. Además, siempre ha sido una de las características del actual mandatario veracruzano en su manera de hacer política. Desde que fue secretario de Gobierno en el sexenio de Patricio Chirinos lo demostró.

Por otra parte, es una realidad que las protestas que recurren al bloqueo de vías de comunicación afectan fuertemente a terceros que no tienen la culpa de lo que sucede. Sin embargo, a veces no hay otra opción para hacerse escuchar por autoridades indolentes e insensibles a los problemas que en este caso particular, ya implican la pérdida de vidas humanas.

Pero el gobernador Yunes Linares no sólo no privilegió el diálogo. No lo intentó siquiera. Prefirió recurrir al exceso de fuerza para reprimir. Y no solamente eso. Buscó desacreditar a los manifestantes al afirmar que fueron enviados por el presidente municipal de Coxquihui, Reveriano Pérez, quien enfrenta un proceso de desafuero al estar acusado de tener nexos con grupos criminales de esa zona del norte del estado. Sin presentar una prueba de esos dichos.

El abandono de la política por parte del régimen yunista refleja asimismo la obsolescencia de una dependencia como la Secretaría de Gobierno, reducida a ser una oficina de corte de listones en inauguraciones y de acompañamiento al gobernador en actos oficiales. 

En los hechos, no hay política interna. No existe el diálogo y la negociación como recursos para resolver o al menos atender diferendos. Queda claro que ésa será la tónica de lo que resta de la administración, poco más de un año.

Lo peor de todo es que esos policías que el lunes pasado arremetieron en contra de ciudadanos indefensos, no son igual de “efectivos” para combatir a la delincuencia, que van en aumento en la entidad. Ahí ya no los vemos tan “valientes”.

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