Así, la existencia de la inseguridad que podría surgir de la nada y matar a decenas de mexicanos se estableció, por decreto, como el gran enemigo a vencer en apariencia, pero en realidad era y sigue siendo el distractor número uno para disimular o mitigar las decisiones antipopulares de los gobiernos.
Ahora, vemos que luego de que Felipe Calderón declarara la guerra a los narcotraficantes, dando así un giro de 180 grados a su prioridad de campaña que era la de convertirse en el presidente del empleo, prefirió autodenominarse el enemigo número uno del narcotráfico, por lo menos en el discurso.
El arribo del PRI hizo de la inseguridad una doble jugada, la primera, todo lo relacionado con el tema se lo adjudicó a la Secretaría de Gobernación, tratando así, desde el principio del sexenio, de desgastar la imagen del titular, por otro lado, desde años anteriores se veía venir un buen negocio con la adquisición de pertrechos de guerra y armamento, así como equipo antimotines que prevenía cualquier enfrentamiento con el descontento social.
Ahora, le sirve al gobierno federal para promover su Ley de Seguridad Interior.
Sin embargo, en lo que puede establecerse una constante es en las actividades del gobierno relacionadas con la compra de herramientas que garanticen la seguridad de los ciudadanos. Hay operaciones de compraventa de esta mercancía a otros países, que dejan mucho qué desear y se presta a muchas interpretaciones.
Así, encontramos que el gobierno federal destinó entre 2013 y 2016 un total de 35 mil 621 millones de pesos a la partida "Gastos de Seguridad Pública y Seguridad Nacional", lo que excedió en mil 200 por ciento, o sea, 32 mil 707 millones de pesos, el monto solicitado por el Ejecutivo y aprobado año con año por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos.
En 2013 la Cámara de Diputados autorizó 834 millones de pesos a esa partida, pero el Ejecutivo ejerció 3 mil 926 millones; en 2014 se le asignaron 723 millones y se gastaron 9 mil 534 millones, mientras en 2015 se aprobaron 561 millones y se aplicaron 8 mil 546 millones.
Para 2016 se etiquetaron 407 millones de pesos al concepto, pero finalmente se reportó un ejercicio de $9 mil 325 millones.
Las entidades que mayor incremento de gasto registraron fueron la Secretaría de Gobernación, la Marina y la PGR, seguidas de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Oficina de la Presidencia de la República.
El gasto es similar al de un país en peligro constante de guerra. Como si se prepararan para algún enfrentamiento, pero no hay nada que temer, a menos que la inexperiencia de Luis Videgaray en la diplomacia mexicana insista en tener como enemigo a Corea del Norte, país con el que ya casi se reconcilia Estados unidos y el que sigue en la discordia es México, a causa de la novatez del actual Secretario de Relaciones Exteriores.
No cabe duda de que la guerra es un buen negocio, de otra manera dejaría de haber guerras en el mundo. La compra de armamento crea complicidades, establece puentes comerciales, fortalece acuerdos que pueden ser secretos de Estado, etc.
Así, la inseguridad es uno de los más graves problemas del país; sin embargo, tema del que menos sabemos los mexicanos. Hay diferentes corporaciones policiacas, encargadas de la seguridad de la población, con la mirada puesta sobre el peligro.
La democratización de la inseguridad es una especie de espectáculo que mantiene a la población postrada en sus casas, con miedo a todo. Sobre todo, los avisos de peligro aparente en tiempos electorales, que pueden provocar los cambios reales en la política del país.
De esta manera, la delincuencia es el monstruo que repliega a la sociedad ante la inconformidad de los actos de gobierno.
A pesar de los gastos que se realizan con el pretexto de la inseguridad, la cifra de delitos sin denunciar o sin resolver en México ascendió a 93.7 por ciento en 2015, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Significa que 94 de cada 100 delitos ni siquiera se denunciaron y permanecen irresueltos.
En 2015 23.3 millones de mexicanos se vieron afectados por la delincuencia, y resultaron víctimas de 1.3 delitos por ciudadano. O sea, se cometieron 29.3 millones de delitos en ese lapso.
Según la PGR se carece de capacidades adecuadas de investigación para resolver la mayoría de las denuncias por delitos federales en el nuevo sistema penal: en promedio, 7 de cada 10 carpetas de investigación se quedan sin resolución.
Y de los casos que si logra “resolver”, 84 por ciento se mandan al archivo al concluir que no hay pruebas para proceder o “abstenerse” de proceder con la investigación.
Si el incremento de armas no sirve para frenar, o por lo menos disminuir la delincuencia entonces ese gasto se convierte en un exceso. No podemos pensar en que mientras más se gasta en armas, mayor es el número de delincuencia en el país. Pocas son las entidades que han disminuido el índice delictivo, y los enfrentamientos entre miembros del crimen organizado siguen arrojando víctimas.
El gasto en armamento, en pertrechos, en vehículos antimotines, no logra detener ese gran flagelo que es la delincuencia en el país. Entonces habrá que dejar de gastar en ese rubro para darle un cambio a las estrategias de combate a la inseguridad que está desde el metrobús de la Ciudad de México, hasta la casa de cualquier ciudadano dentro del territorio nacional, sin que haya castigo para la gran mayoría de los delincuentes. PEGA Y CORRE. - Otro reportero más fue ejecutado en Veracruz, se trata de Gumaro Pérez Aguilando, del portal de noticias La Voz del Sur. Fue asesinado dentro de la escuela primaria “Aguirre Cinta” de Acayucan, donde había acudido para participar en un festival navideño de su hijo. No era la primera vez que Pérez Aguilando, también empleado del ayuntamiento de Acayucan, era agredido. Con él suman 22 los periodistas asesinados en los últimos siete años en Veracruz…Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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