La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que restituyó a sus legítimos poseedores, mediante mandato judicial, un inmueble en Jalcomulco. Es un buen paso, pero algunas víctimas del llamado cártel inmobiliario todavía no encuentran eco a sus llamadas de auxilio.

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Una presunta red dentro de las instituciones

Y es que el problema va mucho más allá de recuperar propiedades. Las denuncias apuntan a una presunta red en la que habrían participado abogados, notarios, jueces y servidores públicos del Registro Público de la Propiedad y Catastro. Al menos de eso aún no hay noticias, y sería bueno saber en qué tramo se generó la estafa a la víctima.

La propia Fiscalía ha confirmado investigaciones, carpetas judicializadas y audiencias iniciales, pero hay algo que sigue pendiente y es inevitable que se responda: ¿quiénes facilitaron los despojos desde las instituciones y hasta dónde llegarán las investigaciones?

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Devolver el patrimonio es justicia; sancionar a los responsables también

Porque devolver el patrimonio a las víctimas es justicia. Investigar y sancionar a quienes presuntamente utilizaron las instituciones para arrebatárselo también lo es.

No basta con recuperar las propiedades: hay que desmontar la red que habría permitido despojarlas. Y aquí hay un ejemplo claro: en el caso de Jalcomulco no pudo existir estafa sin quienes la hicieron y la facilitaron, y falta que se diga quiénes fueron.