Javier Duarte de Ochoa, Gobernador de Veracruz, se empecina en llevar sobre sus espaldas toda la pesada loza de corrupción e ineficiencia de colaboradores, amigos, parientes y corifeos, que bajo su amparo hicieron y deshicieron no solo del presupuesto federal que llegó al Estado, sino de los millonarios recursos internos autorizados por la Legislatura Local. La mayoría de ellos, zorrunamente, navegan de a muertito y hasta le avivan y soplan fuego “amigo” cada vez que pueden, para inflar las llamas de odio y antipatía en contra suya.
Como es natural, los ojos del mundo se centran en Javier Duarte, pero si calculáramos, al menos a ojo de buen cubero, el asalto a Veracruz ha sido descomunal desde el momento mismo que inició la campaña política a Gobernador de Fidel Herrera Beltrán. Por ello, centrar sólo la mirada en un solo hombre resulta más allá de cómodo… improcedente. Por el tamaño salvaje del boquete económico a las arcas públicas, resulta infantil creer que todo lo malo haya sido obra de un solo hombre.
Pero aún es tiempo de echar una mirada a lo que se esconde detrás del telón; de enfocar las miradas también hacia aquellos que por ley debían encargarse de administrar, custodiar y de aplicar con honestidad y eficiencia los recursos públicos no comprobados a satisfacción de la entidad fiscalizadora federal; porque ahí, escondido, existe un pequeño detalle no observado por la colectividad y que es adicional a lo señalado por la Auditoría Superior de la Federación: los recursos estatales aprobados por la Legislatura y que de su aplicación ni siquiera se menciona su destino o comprobación.
De lo anterior, poco o nada ha dicho tampoco el Congreso Estatal; el Auditor General del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez; y los contralores Iván López Fernández, Mauricio Audirac Murillo y Ricardo García Guzmán. Ellos deberían decir algo al respecto, porque lo que haya pasado o no con esos recursos, también importa y mucho. Estos y otros personajes han tapado los desmanes financieros del Estado por casi 12 años.
¿Qué tienen que decir a todo esto los 6 titulares de SEFIPLAN, tan solo de la presente administración? ¿En qué se gastaron el Presupuesto? ¿A quién se lo entregaron? ¿Cuántas maletas de 25 millones de pesos o más salieron para cubrir pagos sospechosos? ¿Qué tienen que decir Tomás Ruiz González, Salvador Manzur Díaz, Carlos Aguirre Morales, Fernando Charleston Hernández, Mauricio Audirac Murillo y Antonio Gómez Pelegrín? Alguno o todos, saben mucho más de lo que nos podamos imaginar.
Por acción u omisión, hay mucho que explicar.
Ni siquiera me quiero referir a los millones y millones de pesos destinados al gasto corriente de los sectores de Salud, Educación y Seguridad Pública, en los que se gasta casi el 90% del presupuesto estatal; me referiré única y exclusivamente al Gasto de Inversión que en los últimos 5 años sumados alcanzó los casi 80 mil millones de pesos y que el Congreso del Estado le autorizó al Poder Ejecutivo para Obras, Inversión Pública y Gasto de Capital y que, desde luego, debieron pasar por las manos de los funcionarios de los organismos ejecutores de obra, así como ser sancionados por el Orfis, Sefiplan y la Contraloría.
Los presupuestos aprobados por el Congreso del Estado para esos conceptos, según las Gacetas Oficiales Número 421 del 31 diciembre del 2010; 419 del 23 diciembre del 2011; 446 del 21 de diciembre 2012; Decreto Número 7, Gaceta Legislativa No. 6 del 12 de diciembre 2014 y 518, del 29 de diciembre del 2015 son:
2011: 17,183, 856, 292
2012: 16,210, 800, 000
2013: 16,267, 700, 000
2014: 17,208, 992, 321
2015: 9,855, 800, 000
2016: 3,184, 900, 000
Total: 79,912, 048, 613
Estos Fondos, invariablemente, debieron aplicarlos en cada uno de los años señalados según la autorización respectiva del Congreso Estatal, las siguientes entidades:
Educación: Instituto de Espacios Educativos, Universidades Tecnológicas y la UV.
Salud: Comisión de Espacios de Salud y el DIF.
Desarrollo Social: SEDESOL, SEDEMA, INVIVIENDA y CAEV.
Desarrollo Agropecuario: SEDARPA, Instituto Veracruzano de Bioenergéticos, y el Consejo de Desarrollo del Papaloapan; y
Comunicaciones: SIOP, carreteras, puentes, obras de urbanización y equipamiento urbano.
Ahora que, se sabe, el Gobernador le pidió a sus funcionarios que “cacarearan” las obras realizadas y realzaran los compromisos cumplidos ¿Podría el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, publicar una lista completa de las obras hechas en Educación, Salud, Desarrollo Social, Agropecuario y Comunicaciones? ¿Podría desglosarlo año por año y que al menos se acerquen a esa suma de 80 mil millones de pesos? O después de cinco años cumplidos ¿Podría Usted considerar, amable lector, que en el Estado se ha invertido en Inversión Pública 80 mil millones de pesos?
Ojalá lo puedan hacer, no sería un ejercicio ni menor ni ocioso, pues mientras eso no suceda los veracruzanos nos seguiremos preguntando: ¿Dónde están las obras? ¿Dónde quedaron esos casi 80 mil millones de pesos? ¿Hacia dónde fueron desviados? ¿Quién los desvió? Pues más allá de obras pequeñas desbalagadas por aquí y por allá, las grandes obras no se ven tan claras. Aún estamos a tiempo de identificar dónde quedaron esos miles de millones de pesos, y si no cuadran las cuentas, pues que los entes fiscalizadores estatales señalen quién no ejerció adecuadamente el recurso.
Javier Duarte tiene la palabra. |
