Uno de los deseos de cualquier mexicano es que se acabe la corrupción y que haya más transparencia. Incluso, ahora que hay campañas electorales, la mayoría de los discursos de los candidatos recae en tomar medidas e iniciativas para abatir esos males que se han convertido en el cáncer de la sociedad.

Estamos hartos de escuchar el enriquecimiento ilícito de la clase política así como la impunidad hacia las mismas. Estamos hartos de que no pase ni se haga nada.

Hasta se cuestiona en spots el que se castigue a un ciudadano cualquiera con varios años de prisión por robar comida para dar de comer a su familia, pero a un político que roba millones no se le haga nada, ¡bueno! hasta se le pida disculpas y se le deje en libertad.

Ante ese hartazgo, se ha hecho la iniciativa ciudadana denominada Ley 3 de 3 (obligación de presentar las declaraciones fiscal, de intereses y patrimonial) y se ha llevado hasta la Cámara alta para su aprobación.

Pero ¿cómo va su discusión? Todo parece indicar que los priístas a través de su coordinador del PRI en el Senado Emilio Gamboa, se resisten a la aprobación por considerarla una cacería de brujas. Le cuento. Dentro de la iniciativa existe un apartado de recompensa, es decir, si usted denuncia un acto de corrupción, y se comprueba, le darán un incentivo equivalente al diez por ciento. ¿Le parece mala idea?

Desde mi punto de vista, no, al contrario, tratándose de dinero extra y con tal de abatir la corrupción, yo aplaudo ese artículo. Aunque Gamboa afirma que esto se convertiría en estar denunciando a todos por todo. ¿A qué le teme?

Contrario a la opinión del priísta, el director de transparencia ciudadana Eduardo Bohórquez defiende el sistema de recompensas y señala que este esquema sirvió como clave contra el escándalo de corrupción internacional en la FIFA.

¿Se imagina cuántos actos de corrupción saldrían a la luz pública?

Mientras siguen calentando la Ley 3 de 3, el Senado aprobó ayer la Nueva Ley Federal de Transparencia con 75 votos a favor y 4 en contra. En ella se garantiza el acceso a la información pública que esté en posesión de la autoridad, cualquiera que ésta sea; aplica para personas físicas, morales, partidos políticos o sindicatos que ejerzan fondos públicos, y fideicomisos.

Recordemos que ya había una Ley, incluso, los organismos y las instituciones estaban obligados a hacer pública su información o a proporcionarla a quien la necesitara, cosa que desgraciadamente no se hacía ni se hace.

¿Será que esta nueva ley ahora sí se aplique de la manera correcta en beneficio de los ciudadanos?

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