Porque las cuentas no cuadran, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) realizará auditorías de hasta cinco meses de legalidad al SAS Metropolitano, a los fideicomisos públicos del Puente Coatzacoalcos I y al Túnel Sumergido, así como a la Universidad Veracruzana, como seguimiento especial derivado de la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015.

Las auditorías se llevarán entre cinco y seis meses, y si hay recomendaciones estarán plasmadas en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública Consolidada 2015, que se entregará al Congreso del Estado, en la primera quincena de octubre de este año.

Ángel Santos Juárez Pérez, director de Auditoría de Legalidad del ORFIS, detalló que en el Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano Veracruz/Medellín, se revisará la licitación pública internacional en el otorgamiento de la concesión a una empresa mixta para la prestación de los servicios de agua y saneamiento.

Dejó claro que con las auditorías de legalidad se busca consolidar la transparencia y la rendición de cuentas, y el combate a la corrupción.

La Dirección de Auditoría de Legalidad llegaría hasta el punto de detectar anomalía, y si la Ley tiene algún vacío o recoveco y así reforzar los procedimientos para que se realicen de una manera adecuada.

“También a nivel normativo para que de aquí salgan las propuestas correspondientes para que estas leyes o códigos se vean reforzados, no tenga ya esos vacíos ni recovecos y con eso se ayuda a que las cosas se hagan de mejor manera”.

HABRÁ DICTAMENES DE LEGALIDAD EN TUNEL Y CUENTAS DE LA UV

Además, se elaborarán dos dictámenes de legalidad, que lejos de ser procedimientos completos, son opiniones de carácter técnico

jurídico, en la concesión del Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de pago para la Operación, Explotación Conservación y Mantenimiento del Puente sobre el río Coatzacoalcos I; así como en la construcción, supervisión, operación, explotación, conservación y mantenimiento del Túnel sumergido de Coatzacoalcos.

Asimismo, se emitirá una opinión técnica jurídica respecto de los impuestos federales y estatales a los que se encuentra obligada o exenta, en su caso, la Universidad Veracruzana.

Con esas auditorías se verifica que los actos de los entes fiscalizables se realicen conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas que resulten aplicables.

PODRÍAN DERIVARSE SANCIONES

Si los titulares de las áreas de la administración pública, no realizan los procedimientos respetando los cánones que señalan las leyes aplicables para esos procedimientos, se pudieran generar responsabilidades de tipo administrativo y más allá, tal vez, pudieran derivar una responsabilidad de carácter penal.

Recordó Juárez Pérez funcionario del Orfis que en el 2014 se realizó un ejercicio de evaluación de cumplimiento normativo a los 212 municipios sobre temas relacionados con cinco áreas: Unidades de Acceso a la Información, las Tesorerías, Contralorías Internas, Secretarías de los Ayuntamientos y las Sindicaturas.

De los 212 ayuntamientos participaron solamente 191 ayuntamientos, de los cuales, el seguimiento o la atención que le dieron a las recomendaciones emitidas fue únicamente del 23%.

Se hicieron recomendaciones en materia de transparencia a las unidades de acceso a la información pública y en algunos casos se recomendó que ajustaran sus espacios de atención de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.