Al menos 3 mil familias veracruzanas perderían sus viviendas si se consuma un intento de despojo pese a tener documentos que avalan su propiedad, alertó el abogado Pedro Rojas Flores.

Informó que el problema se registra en una decena de colonias, lo que ha llevado a iniciar un juicio en el Juzgado Cuarto en Materia Civil.
Dijo que hace años las familias compraron predios en las colonias Nuevas Esperanzas, Vías Férreas, Benito Juárez, Sector Popular, Prolongación Hidalgo Sector 1, Prolongación Hidalgo Sector 2, Prolongación Hidalgo Sector 3, Chivería, Hidalgo Sector Sur y Acosta Lagunes.

Aclaró que la venta fue legal y cada comprador adquirió los derechos en forma pacífica y verificó los antecedentes de propiedad necesarios.
Aseguró que se contó con la participación de autoridades del gobierno estatal y de notarios públicos cuyos nombre no proporcionó.

Indicó que el problema empezó en el año 2008 cuando empezaron a poblarse terrenos que eran propiedad de la familia Loyo Díaz, pero reventó en el 2015 cuando apareció una supuesta dueña de nombre Alicia Loyo Díaz.

Dijo que en los años 80 el gobierno regularizó las colonias, se comprometió a dotar servicios básicos y a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado empezó a regularizar los asentamientos.
Además se pactaron contratos de compra-venta con reserva de dominio a través de un instrumento de fecha 25 de julio de 1985 inscrito en el Registro Público de la Propiedad.

Admitió que casi 3 mil lotes quedaron fuera de esa regularización porque nadie los incluyó y destacó que personal de Patrimonio y algunos miembros de la familia Loyo Díaz inició una regularización fast trak de os casi 3 mil terrenos.
Por ello en el 2008 inició la batalla legal, y la señora Alicia Loyo Díaz y denunció penalmente a sus hermanos Rosa Luz, Beatriz, Magdalena, Susana, Martha Adriana, Celia, Roberto y Mauro.

A pregunta expresa sobre lo que pasaría si la persona reclamante mostrara documentos avalando la propiedad de los predios, dijo que eso tendría que resolverlo un juez.
“Los vecinos a los que representamos hicieron la compra-venta en forma legítima. Los notarios, el Registro Público de la Propiedad, el gobierno en su momento tuvo la obligación y sabemos que lo hizo, de cerciorarse de que la proiedad era legítima, que no había nadie como ahora sorpresivamente aparece”, resaltó Rojas Flores.

Demandó que el gobierno estatal intervenga y regularice esa situación
Indicó que por ahora hay más de 100 familias inminentemente afectadas, pero la cifra podría llegar a 3 mil porque se ubican en una decena de colonias populares.
Eso generaría un caos social porque se quedarían sin casa. De allí su demanda de que el gobierno del estado intervenga.