Las comisiones unidas de Anticorrupción, Justicia y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores aprobaron en lo general la Ley de Responsabilidades Administrativas, conocida coloquialmente como Ley 3 de 3.

Sin embargo, el dictamen que deberá ser llevado al Pleno del Senado esta misma semana fue matizado respecto a la Iniciativa Ciudadana en la materia, auspiciada entre otras organizaciones por Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Cabe señalar que inicialmente la iniciativa popular fue respaldada por 634 mil 143 ciudadanos, cuyas firmas fueron verificadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En su origen la iniciativa planteaba que todos los funcionarios públicos, sin excepción, de todos los niveles como gobernadores, legisladores, alcaldes y secretarios de Estados, aún el Presidente, presentaran obligatoriamente e hicieran públicas tres declaraciones: la patrimonial, la fiscal y la de eventual conflicto de intereses.

Sin embargo, el dictamen aprobado en comisiones unidas del Senado establece matices para las declaraciones patrimoniales y de intereses, pues estas se harán públicas siempre y cuando el funcionario dé la autorización correspondiente.

Respecto a la declaración fiscal, los funcionarios sólo estarán obligados a presentar públicamente la carátula de su declaración, pero no su contenido.

El argumento del presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero, del PVEM fue que hacer pública toda esta información pondría en riesgo a los funcionarios ante posibles grupos delincuenciales o secuestradores.

El dictamen en lo general fue aprobado por senadores del PRI y el PVEM y el voto dividido del PAN, pero con el rechazo del PRD.

El senador perredista Zoe Robledo expuso que con estos cambios, la Ley General de Responsabilidades Administrativas no servirá para frenar la corrupción en el ámbito público.

Asimismo, las comisiones unidas del Senado aprobaron la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México para el funcionamiento de dicho sistema y para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

Además, aprobaron la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que busca determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento de este organismo.