Después de que el senado de la república “moldeara” la ley 3 de 3 a la conveniencia de los servidores públicos y políticos dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, el paquete fue canalizado a la cámara de diputados federal en la cual solo la pasaron “de mano en mano” viéndola de lejos, no le movieron nada, no le cambiaron nada, se avaló tal y como la mandó la cámara alta, se confirmó así la ley de responsabilidades administrativas que incluye la llamada 3 de 3.

Esta norma establece que deberán presentar su declaración patrimonial, de intereses y fiscal los dueños y directivos de empresas que tengan contratos con los distintos órdenes de gobierno o que reciban recursos públicos. El resultado de la “venganza” de los legisladores y los grupos políticos hacia los empresarios, impulsores principales de la iniciativa ciudadana.

Esta ley aprobada a modo Indica que estarán obligados a presentar su declaración tanto servidores públicos como cualquier persona física o moral (empresas) que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con dependencias públicas federales, estatales o municipales.

Además señala que las declaraciones 3 de 3 de funcionarios de gobierno serán públicas, pero acota que se exentan los rubros en los que se pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.

Once horas dedicaron los diputados federales a discutir las 7 leyes del paquete del Sistema Nacional Anticorrupción, de esas horas, 3 le dedicaron a la Ley 3 de 3 para no moverle nada a la iniciativa que tiene como principal objetivo regular a los servidores públicos en el manejo de los recursos que salen del pueblo.