A este paso sólo falta que se proponga la creación de una nueva Secretaría de Estado en el próximo Gobierno: la Secretaría de la Universidad Veracruzana. 

Es cierto que nuestra Alma Máter es de las pocas instituciones que aún tienen elevada calidad moral y crédito, pero tal vez no sea tan sano involucrarla en tantos aspectos de gobierno como se está promoviendo desde ahora. Precisamente la fortaleza de la Autonomía de la Universidad Veracruzana radica en no tener compromisos con el Gobierno más allá que los administrativos de su operación y transferencia de recursos.

La Rectora Sara Ladrón de Guevara comentó la semana pasada que la UV tiene la capacidad de fiscalizar los últimos doce años de la administración pública, y si esa declaración no sirve como una presentación de credenciales, no sé para qué otra cosa pueda servir. Sin embargo, lo que también llama la atención, es la propuesta del Gobernador Electo, Miguel Ángel Yunes Linares, que hizo la mañana de este lunes en el sentido de que revocará las concesiones de los verificentros que hayan sido otorgadas ilegalmente, o que sean de socios de funcionarios estatales. Esto a todas luces es correcto, no se debe permitir que subsistan no sólo verificentros sino cualquier contrato que haya sido otorgado ilegalmente. De permitirlo estaría cometiendo él la omisión de un deber legal.

Sin embargo, en la entrevista que le hizo la radiodifusora XEU, Yunes Linares también anunció que los verificentros serán entregados a la Universidad Veracruzana para que sean manejados por ellos. Dijo que “los verificentros obtienen en promedio 1,300 millones de pesos al año, de los cuales la tercera parte, esto es, unos 400 millones de pesos son ganancias”, sin dar mayores detalles.

Bajo este tenor, no solo tendríamos una Universidad Veracruzana que posiblemente esté ejerciendo actividades fiscalizadoras, sino que también, así nada más por encargo y como una posible solución a la crisis económica por la que atraviesa, de pronto también se convertirá en una Universidad Empresaria.

El asunto de los presuntos verificentros adjudicados ilegalmente, hasta el momento, solo ha sido consignado en los medios de comunicación pues diversos concesionarios han anunciado que interpondrán una denuncia penal contra el Secretario de Medio Ambiente, Víctor Alvarado Martínez, a quien acusan de “manipular” las concesiones de Centros de Verificación Vehicular para su beneficio económico. En dichas acusaciones también han mencionado nombres de otros funcionarios públicos aunque todos, eventualmente, se han desmarcado. 

Como bien se ha encargado de señalar una y otra vez el Gobernador Electo, él aún no tiene acceso a los documentos que le permitan auditar ni elaborar adecuadamente el Plan Veracruzano de Desarrollo. Durante la presentación de su Jefa de Oficina, se encargó de puntualizar que es necesario que el Gobierno le dé acceso a la documentación para que pueda desarrollar adecuadamente los planes y proyectos que aterrizará en Veracruz. Entonces ¿Por qué plantear que los Verificentros serán administrados por la Universidad Veracruzana?

Si es por desconfianza en la administración de los mismos por parte de esas supuestas concesiones “manipuladas”, pues no debería tener ningún problema… a partir del 1o de diciembre estarán bajo su control. Pero si es por el lado de entregarle los recursos generados por las ganancias a la Universidad Veracruzana, sería conveniente que explique cómo podrá otorgar a la UV el dinero que por Ley, está destinado a un Fondo Ecológico.

El asunto de los verificentros está más politizado de lo debido. Los que realmente pusieron el grito en el cielo cuando se activaron los nuevos Verifecentros fueron los antiguos concesionarios que desde hace ya muchos años, tienen configurado un negocio redondo; que vendían engomados como pan caliente; que no tenían equipos actualizados; que dejaban pasar vehículos que ostensiblemente contaminaban; y que le estaban generando, por tanto, un gigantesco daño al medio ambiente y a la salud de los veracruzanos. Ellos son los que realmente se vieron dañados, porque en la Licitación Pública Nacional, no fueron competitivos y se quedaron relegados a la opción de verificar a los pocos vehículos que no eran susceptibles de pasar una Prueba Dinámica. 

¿Quiere Usted seguir viendo camiones por las calles como chimeneas ambulantes? Los dueños de esos automotores son los que daban dádivas a los concesionarios y también se han quejado. 

El tema de los Verificentros no es un tema político, es un tema de salud, de medio ambiente, de cultura, de orden y de urbanidad. Si se le piensa dar los recursos generados por los verificentros a la Universidad Veracruzana, se paliará su situación económica… pero se estaría tapando un hoyo, destapando otro.

@atticuss1910