Bien reza el sabio dicho popular que “los carniceros de hoy serán las reses de mañana”.

Y es que a finales de este año, en cuanto inicie la nueva administración estatal, seguramente algunos ex funcionarios sacrificados y exhibidos durante el régimen que está por concluir saldrán a recostarse cómodamente en los portales de sus respectivas casas para ver pasar los cadáveres políticos de sus ex camaradas que los acuchillaron por la espalda de manera selectiva, ya que no procedieron igual contra otros duartistas señalados también de haberse enriquecido de manera voraz, los cuales han sido protegidos con fuero legislativo o están por ser blindados como miembros de institutos autónomos, como sería el caso de Gabriel Deantes Ramos, quien mañosamente maniobró para que Fernando Aguilera de Hombre lo sustituyera en la Secretaría de Trabajo y así él pudiera reemplazarlo como consejero del IVAI a escasos cinco meses de que concluya el presente sexenio.

Ha trascendido que dos de estos ex funcionarios que ocuparon relevantes cargos desde la administración del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán y que hace exactamente un año, en junio de 2015, fueron sancionados económicamente e inhabilitados hasta por diez años para volver ocupar puestos públicos en el gobierno del estado, han tenido acercamientos con colaboradores muy cercanos al gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares.

Se sabe, por ejemplo, que Mauricio Audirac Murillo, ex auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), ex contralor y ex secretario de Finanzas y Planeación, así como Carlos Aguirre Morales, ex tesorero y ex subsecretario de Egresos de la Sefiplan, se han estado reuniendo periódicamente con René Mariani Ochoa, quien apoyó a Yunes Linares desde la anterior campaña por la gubernatura en 2010, y el cual se perfilaría ahora para ocupar un posición relevante en el gabinete del ex candidato de la alianza PAN-PRD.

Casualmente hace diez años Mariani Ochoa le entregó el ORFIS a Audirac, quien en agosto de 2006 fue electo como auditor general por la LX Legislatura local, con 43 votos a favor y siete abstenciones. Luego, en 2012, se quiso reelegir pero se le atravesó el contralor Iván López Fernández, quien al ser vetado por estar impedido legalmente decidió impulsar a su director de Control y Evaluación, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez.

Sorpresivamente, en octubre de 2013, Audirac sustituyó a López Fernández en la Contraloría General del Estado (CGE), y luego, en julio de 2014, pasó a ser titular de la Sefiplan, cargo del que fue cesado al año siguiente.

En junio de 2015, el contralor Ricardo García Guzmán, quien un año antes lo había sucedido en la CGE, lo enlistó entre los 14 funcionarios y ex funcionarios estatales contra los cuales se iniciaron procedimientos disciplinarios administrativos por omisiones, irregularidades, negligencia e irresponsabilidad en el desempeño de sus obligaciones.

En conferencia de prensa, García Guzmán remarcó en esa ocasión que las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado (FGE) comprobaron que no había elementos para configurar delitos de carácter penal en contra de los 14 acusados, por lo que la Contraloría a su cargo únicamente les aplicaría un proceso administrativo, ya que algunos de ellos no documentaron ni certificaron para su solventación la información que estaban obligados a presentar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que al no tener a la vista los expedientes probatorios detectó incumplimientos en distintos momentos y dependencias del gobierno del estado.
Parafraseando al gobernador Javier Duarte, quien había salido a responder por las imputaciones de la ASF, el contralor enfatizó que quienes le habían fallado a Veracruz debían responder por sus actos y que por ello se habían iniciado los correspondientes procedimientos disciplinarios administrativos en contra de los servidores y ex servidores públicos.

Pero tres semanas después, a través de una carta que difundió, Audirac retó al contralor a que probara su acusación o se retractara, pues dijo que después de más de 15 días no había sido notificado sobre ningún procedimiento en su contra, por lo que conminaba a García Guzmán a que le dijera cuáles eran esas presuntas acciones u omisiones para que él pudiera emprender su defensa legal, o que, en caso contrario, se retractara públicamente para que lo resarciera del descrédito que le había causado en el ámbito personal, familiar y de negocios.

Sin embargo, en vez de ello, García Guzmán salió después a anunciar que, por “omisión”, Audirac  había sido inhabilitado por 10 años para desempeñar cargos o comisiones en el servicio público estatal y que además se le había impuesto una sanción económica por 29 millones 383 mil 981 pesos. Posteriormente, en febrero de este año, declaró que también había sido denunciado penalmente ante la FGE acusado de omisión y daño contra el Estado, por las imputaciones hechas por la ASF en la Cuenta Pública de 2012.

¿Qué información confidencial habrán proveído Audirac y Aguirre Morales a Mariani Ochoa, un experimentado auditor, fundador del ORFIS en el 2000, quien ahora se perfila para ocupar una posición relevante en la próxima administración estatal? ¿Acaso esa habrá sido una de las causas por las que recientemente el gobernador Duarte fue llevado de emergencia a un hospital privado  en el sur de la ciudad