Indefensos por no poder hacer nada para impedirlo, los veracruzanos iniciamos la semana con la amenaza de que la mayoría priista y sus aliados en la LXIII Legislatura del Estado aprueben lo que ya se conoce como el “blindaje de impunidad”, que permitiría que los responsables de haber saqueado el erario público evadan la acción de la justicia y no reciban castigo, y menos que resarsan a las arcas públicas lo que se llevaron.

Luego de que el PRI y sus aliados perdieron la elección para renovar la gubernatura el pasado 5 de junio y ante la decisión del nuevo gobernador de auditar “todos los rincones del Gobierno del Estado”, el gobierno saliente se apresuró a tratar de encubrirse creando figuras legales con el respectivo nombramiento de funcionarios anticorrupción a conveniencia suya, inamovibles en el cargo por un periodo de años suficientes para que todos los que hayan cometido actos de corrupción se escapen.

El pasado 16 de junio, durante la séptima sesión ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones, el Pleno de la Legislatura aprobó por mayoría el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para recibir propuestas de un nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y ante la renuncia de Fernando Aguilera de Hombre al cargo de comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aprobó también la convocatoria pública para elegir a su sustituto.

En otro tiempo y en otra circunstancia esas figuras no tendrían ningún cuestionamiento, si no es porque de  inmediato se inscribieron para ocupar la titularidad personas totalmente afines al grupo cuestionado en el poder, con clara intención de ser nombrados para evitar que se conozcan todos los ilícitos cometidos y que protejan a los responsables, lo que sería grave para la salud pública del estado.

Presuntamente los diputados locales son representantes populares, esto es, representan la voz de los veracruzanos en la mal llamada máxima tribuna del pueblo veracruzano, pero con su mal actuar los legisladores ni nos representan y menos llevan y hacen escuchar nuestra voz de inconformidad, como debiera ser su obligación, en el Congreso del Estado. 

Si los diputados priistas no piensan en Veracruz sino en sus intereses personales, de grupos y partidistas y aprueban el blindaje de impunidad, no sólo le causarán un grave daño al patrimonio del estado, sino que quedarán marcados de por vida porque la historia no los perdonará y los señalará para siempre como quienes permitieron que un grupo de personas hicieran mal uso de los recursos de todo el pueblo veracruzano, dejaran en crisis al estado, condenaran a varias generaciones de veracruzanos a pagar por lo que otros se robaron y se fueran como si nada, a disfrutar de lo mal habido sin recibir castigo alguno.

Todavía más, al proteger a un grupo y nombrar a funcionarios vinculados al gobierno seriamente cuestionado para hacer valer la impunidad, para que se queden en el cargo por cinco años con carácter de inamovibles, lo único que estarán haciendo será dejar heridas abiertas que tendrá muy presente el electorado en 2017 y 2018 cuando se elija a alcaldes, diputados federales, a gobernador y a Presidente, por lo que volverán a emitir su voto de castigo, no se dude.

Pero parece que nadie repara en ello y están dejando hacer. Si los diputados locales priistas aprueban el blindaje de impunidad lastimarán una vez más a la sociedad veracruzana, que ya despertó y está dispuesta a no dejarse. Me pregunto: si lo hacen, ¿cuando se sienten a la mesa de sus hogares podrán ver de frente, con toda dignidad, a los ojos, a sus hijos, a sus esposos-esposas, a sus familiares más queridos?