Sólo es cuestión de horas para comprobar si el gobernador Javier Duarte de Ochoa logra resistir lo que a través de un comunicado oficial difundido la mañana de este miércoles consideró como “presiones políticas”, las que inicialmente sólo provenían de la oposición local pero que ahora han sido replicadas desde la cúpula nacional de su propio partido.

Duarte, quien ha sido acusado por su virtual sucesor Miguel Ángel Yunes Linares de pretender blindarse con la inminente designación del primer Fiscal Anticorrupción y de una terna de magistrados que integrarán la nueva Sala Especializada para combatir la corrupción adscrita al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sostuvo que “los poderes del Estado, establecidos como lo dispone nuestra Constitución, no permitiremos presión alguna en las decisiones fundamentales de nuestra vida democrática”.

Sin mencionar nombres, el mandatario priista respondió a los señalamientos del gobernador electo sobre las decisiones que están por consumar los diputados locales. “La representación soberana del pueblo veracruzano reside en el Congreso del Estado. Sus determinaciones y tiempos no pueden obedecer a presiones de ningún actor político o partido alguno, máxime cuando se trata del cumplimiento de un deber constitucional”, dijo. 

El Jefe del Ejecutivo reiteró que “como Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, refrendo que las señoras y señores diputados de la LXIII Legislatura cuentan con mi absoluto respeto y mi apoyo incondicional para que las disposiciones en el seno de ese órgano colegiado se tomen tal como lo mandata la Ley: con seriedad, contundencia y obligatoriedad en beneficio de nuestra sociedad”, resaltó.

Consideró que es inadmisible que se intente presionar por un cálculo político la toma de decisiones que sólo competen a las y los veracruzanos, “quienes cuentan en el Congreso del Estado con la representación que nuestra democracia les ha conferido”.

Sin embargo, a la demanda de la oposición también se han sumado desde la Ciudad de México algunos prominentes miembros del PRI. Este miércoles, por ejemplo, en conferencia de prensa la presidenta interina del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor, Carolina Monroy del Mazo, reprobó que Duarte busque protegerse las espaldas recurriendo a maniobras en el Congreso estatal.

“Nada ni nadie por encima de la ley. No habremos en el partido de respaldar un solo acto, un solo dicho, un solo hecho que contravenga el Estado de Derecho”, advirtió en rueda de prensa la diputada federal mexiquense y prima del presidente Peña Nieto.

¿Es legítimo que (Javier) Duarte quiera cuidarse las espaldas promoviendo recursos en el Congreso?, le cuestionó uno de los reporteros a Monroy del Mazo, quien respondió que “ésa es la interpretación que se le ha dado hasta este momento, y lo que diría es que, si bien es jurídicamente correcto, habría que analizar si lo es desde el punto de vista ético.”

¿Y usted qué piensa?, le insistió el comunicador a la lideresa priista. “Pienso que no, porque a los ojos de todos, a la luz de todos, no son momentos para tomar decisiones de tanta trascendencia”, resumió la política oriunda del Estado de México, quien remarcó que su partido no tiene por qué responder, y mucho menos avalar, aquello que no pudiera estar alineado a principios institucionales y legales.

Pero Monroy no fue la única camarada que le arrimó el caballo a Duarte. Un día antes, el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, reconoció que los mandatarios estatales de su partido que hayan faltado a la ley deberán pagar las consecuencias. “No va a haber impunidad. Si alguien hizo alguna travesura o utilizó recursos públicos que le pertenecen al Estado mexicano o al Estado que representan, tienen que cumplir puntual y cabalmente lo que les exige la ley”, sostuvo.

Ante el llamado de la oposición para evitar el “agandalle” de algunos gobernadores del tricolor que a través de los congresos estatales con mayoría priista –como los de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua– pretenden consumar las medidas para evitar la rendición de cuentas, Gamboa pidió a los diputados locales a proceder con responsabilidad y a “ser muy cuidadosos”.

Por su parte, el secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI, Joaquín Hendricks Díaz, también consideró que su partido debe revisar las decisiones de los gobernadores salientes. “No es ésta una manera de satanizar a nadie ni de culpar anticipadamente a nadie, pero tenemos que hacernos responsables todos de lo que son nuestras atribuciones y, sobre todo, de escuchar la voz de la ciudadanía”, expresó el ex mandatario quintanarroense.

¿Monroy, Gamboa y Hendricks se comunicaron personalmente con Duarte para que como jefe político del priismo en Veracruz diera marcha atrás a su blindaje legal? Se duda, porque la tarde de este miércoles militantes del Movimiento Nacional de los 400 Pueblos acordonaron la sede del Congreso local y agredieron físicamente a Yunes Linares, al dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, y a Santiago Creel –aunque el diputado local priista Marco Antonio del Ángel Arroyo, hijo del líder campesino César del Ángel Fuentes, asegura que fueron los de Acción Nacional quienes los provocaron–, mientras que la Comisión Legislativa de Procuración de Justicia ya tiene listo el dictamen que este jueves será votado por el pleno, cuyo punto de acuerdo propondría al duartista Francisco Portilla Bonilla como único candidato para encabezar durante cinco años la Fiscalía Anticorrupción. 

De lo contrario, el mandatario veracruzano estaría jugando con fuego por emular al “hijo desobediente”.