Vaya que es de admirarse la estoicidad del secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, porque además de tener que apechugar una serie de descortesías políticas ahora ha tenido que tragarse sin hacer gestos ese tremendo sapo que representa la nominación de la ex alcaldesa priista de Minatitlán, Guadalupe Porras David, como ¡magistrada! de la nueva Sala Especializada en Combate a la Corrupción que estará adscrita al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

Y es que al igual que ha sucedido con otros asuntos que de la oficina del titular del Poder Ejecutivo se han turnado con todo y gazapos directamente al Congreso local, ahora tal parece que el experimentado político minatitleco tampoco habría sido consultado previamente sobre la postulación de Porras David para ocupar una de las tres polémicas magistraturas, pues de habérsele pedido su opinión seguramente Ríos Alvarado la habría objetado con justa razón muy aparte de los motivos personales que lo distanciaron de la ex diputada y ex alcaldesa, a la cual impulsó políticamente a finales de la administración del gobernador Miguel Alemán Velasco (1998-2004).

Se ve que no le pidieron su opinión porque, de haberlo hecho, se habrían ahorrado la exhibida mediática que el Cabildo de Minatitlán les dio al vetar públicamente el nombramiento de la ex munícipe, a pesar de que el Ayuntamiento sureño está actualmente en manos del PRI y de un peón del sindicato petrolero.   

Así, pues, a través de un desplegado periodístico insertado en algunas publicaciones  regionales, los ediles, encabezados por el alcalde priista Héctor Damián Cheng Barragán, acusaron que Porras David “no reúne el perfil profesional ni ético” para ser considerada en la terna propuesta por el gobernador Javier Duarte al Congreso local, “toda vez que los veracruzanos exigimos funcionarios cuyo actuar en el Servicio Público no deje lugar a dudas de su probidad para desempeñar tan alta responsabilidad en la impartición de justicia”.

Los firmantes del desplegado insistieron en que la ex munícipe carece de calidad moral y jurídica para ser magistrada, “pues sólo basta analizar dos situaciones en el actuar de la licenciada Porras como alcaldesa de nuestro pueblo para reconsiderar la inviable propuesta y la posible aprobación de ella como Magistrada en la Sala Especializada mencionada”, ya que recordaron que “un acto arbitrario de autoridad ordenado por la licenciada Porras en el ejercicio de la presidencia municipal (…), como fue el cierre de la empresa Metales y Chatarra Jadrige S.A. de C.V., tiene pagando al pueblo de Minatitlán de su erario municipal la suma estratosférica de 24 millones 840 mil 999 pesos”.

Además refirieron que siendo alcaldesa “suscribió con la empresa SECORT S.A. de C.V el contrato Copuente/Capoacan-001/10 por 155 millones 557 mil 432 pesos, de los cuales pactó con dicha empresa un anticipo del 30 por ciento de la obra equivalente a 46 millones 667 mil 229 pesos que hizo entrega a la referida empresa y de los cuales sólo amortizó dos millones 89 mil 70 pesos, razón por la cual no se llevó a cabo dicha obra y, en cambio, dejó una deuda al pueblo de Minatitlán ante Banobras por 30 millones de pesos más intereses legales, que aún no son terminados de pagar con cargo al erario municipal”.

El Cabildo pidió al Ejecutivo del estado así como al Congreso de Veracruz reconsiderar la propuesta de Porras David para nombrarla como magistrada, pues reiteraron que se trata de una opción que no es viable.

Ahora sí que “golpe dado, ni Dios lo quita”. Y como diría el filósofo de Ciudad Juárez, Juan Gabriel: “Pero qué necesidad”. 

¡Y cuánta necedad!, agregaríamos nosotros, pues este jueves, de nueva cuenta, la diputación priista se volvió a desmarcar del gobernador Javier Duarte, al retirar primero de la orden del día un dictamen con el cual serían donados 10 bienes públicos al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) –entre ellos la Casa Veracruz– y luego ausentándose deliberadamente del salón de sesiones del Congreso del estado para evitar que hubiera quórum para la aprobación  del nombramiento de los magistrados de la Sala Anticorrupción, para lo cual se requería el voto de la llamada Mayoría Calificada, o sea, la aprobación mínima de 34 de los 50 diputados.

PORTILLA, OTRO CASO PENOSO

Otro caso que realmente da pena ajena es el de Francisco Portilla Bonilla, quien la semana antepasada renunció a la Secretaría General del Congreso local porque sería propuesto inicialmente para encabezar la nueva Fiscalía Anticorrupción, pero su nombramiento no pasó por la desaprobación que hasta algunos diputados del PRI y de partidos aliados del tricolor hicieron patente.

Ante dicho revés, la tarde de este miércoles 6 el ex alcalde y ex diputado priista cordobés entregó un oficio a la Comisión de Procuración de Justicia de la LXIII Legislatura del estado en el que notificaba a sus integrantes la decisión personal de declinar a la titularidad de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.

¿Fue un acto de congruencia, de dignidad y ética políticas? ¡Nooooo! Paco Portilla declinó porque ahora fue incluido en la terna de magistrados para la Sala Especializada en Materia Anticorrupción, junto con la ex alcaldesa de Minatitlán, Guadalupe Porras David, y Alberto Tomassini Martínez, ex consejero jurídico y de derechos ciudadanos de la Oficina del Gobernador y, hasta el pasado martes, secretario particular del titular del Poder Ejecutivo.

Estos nuevos magistrados, según la iniciativa enviada por el gobernador Duarte de Ochoa y aprobada la semana anterior por el Congreso local, serán nombrados para un periodo de 10 años.

¿Alguien cree que el día de mañana estos privilegiados procederán judicialmente en contra de quien los dejará asegurados durante toda una década para que a cambio de envidiables prestaciones laborales y económicas se encarguen de “administrar justicia”?

Este jueves, los diputados priistas volvieron a reivindicarse al evitar la aprobación de esta terna. Ya se verá la próxima semana si vuelven a resistir la presión.