Al asumir la dirigencia del PRI, Enrique Ochoa Reza anunció el inicio de una nueva relación entre partido y gobierno, que incluya acercamientos y gestiones directas entre secretarios de Estado, sectores y organizaciones del Instituto. También se pronunció por exigir la fiscalización incluso la destitución de gobernantes corruptos.

Afirmó que es imposible “tapar el sol con un dedo”, y por ello adelantó que el partido señalará aquéllos priístas que desde el gobierno incurran en prácticas de corrupción.

Para ello propuso crear un órgano al interior del partido: “Con la misma firmeza con la que debemos limpiar la casa y contribuir a crear un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción en el país, seremos exigentes para señalar y promover el castigo de los actos de corrupción de otros partidos, sea ese el caso de sus gobernadores en funciones, los exgobernadores, candidatos electos o candidatos en competencia.

De acuerdo a lo publicado por el Financiero, indicó que “el elemento más adverso son las acciones de impunidad, cuando uno de nuestros militantes falla a la sociedad y se corrompe lastima al partido… tenemos que ser un partido que exija su fiscalización, incluso su destitución”.

CASTIGO A QUIEN VIOLE LA LEY

Cuando fue presidente de la república, Ernesto Zedillo anunció el inicio de la “sana distancia” entre gobierno y partido. Más de 20 años después, luego de perder la Presidencia de la República (justo en el gobierno Zedillista), el nuevo líder del PRI se pronunció por un acercamiento total en las estructuras partidistas.

“La política de comunicación debe cambiar. El partido y el gobierno han estado alejados uno del otro y eso es un error… Propongo construir una nueva y moderna relación entre el gobierno y el partido, donde el gobierno venga a rendir cuentas al partido y sea el partido el defensor de la ciudadanía frente al gobierno. Que los funcionarios de gobierno vayan a los estados a reunirse con el partido”, indicó en su discurso de toma de protesta ante el Consejo Político Nacional del tricolor.

Dijo que se debe impedir que políticos priístas con antecedentes de corrupción tengan acceso a candidaturas.