¡Vaya el papelito que acaba de hacer el Congreso de Veracruz!

Y es que la exhibición pública que les han dado los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a los legisladores de la Sexagésima Tercera Legislatura deja en evidencia, lo que tanto se había sostenido, que al menos una parte de este Poder se encontraba supeditado a los designios y decisiones de quien detenta el Poder Ejecutivo, sin tomar en consideración las severas consecuencias, que por no ejercer su función le acarreaban al estado.

La noticia difundida este día por el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez en el sentido de que la SCJN ordenaba la suspensión a la modificación que hizo el Legislativo al Impuesto a la Nómina para que sus recursos sean utilizados para el pago de deuda.

Una deuda mal sana, que se pretendía pagar con el recurso que aportan todos los empresarios, pero que finalmente a porta usted, como trabajador de cada una de las empresas productivas de Veracruz.

Usted recordará que tan solo el pasado 21 de julio, los diputados locales aprobaron con 28 votos a favor, dos abstenciones y 18 votos en contra, el Decreto por el cual se afecta el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, para el pago del pasivo circulante proveniente de los adeudos que reconoce el Gobierno del Estado en favor de proveedores y contratistas.

El munícipe Boqueño anunció en conferencia de prensa que de igual modo, la SCJN suspendió la creación del fideicomiso para el manejo de los recursos y, a su vez, prohibió que el dinero que se recauda sea depositado a cuentas de empresarios como se pretende realizar con dicha reforma.

La oposición manifiesta por el alcalde de Boca del Río fue también retomada por otros municipios, que contrario a las amenazas recibidas de parte de los funcionarios de la SEFIPLAN, hicieron valer su negativa y recurrieron a la máxima tribuna de justicia de la nación para detener esa atrocidad, que solo pretendió ocultar, lo que verdaderamente importa y es saber ¿Dónde quedo el dinero presupuestado para el pago de todas esos compromisos contratados?

Es así como los municipios de Apazapan, La Antigua, Tantoyuca, Xico, Medellín acompañaron a Boca del Río en esta cruzada con la intensión de atajar una decisión biliar que pretendió estrangular las ya de por sí, maniatadas finanzas del estado.

De esta manera con los numerales 83/2016; 84/2016; 85/2016; 86/2016; 87/2016 y 88/2016 se comunicó a los municipios que también se concedía a ellos la suspensión solicitada para los efectos y alcances señalados en el acuerdo.

Durante la conferencia de prensa, el abogado Jorge Winckler, quien promovió el recurso ante la SCJN a nombre del municipio de Boca del Río, expuso que el estado va a comparecer como tercero para intentar justificar el porqué es legal el decreto que promovieron.

Pero ahora nos preguntamos, ¿Dónde están esos legisladores tan responsables? Que en su momento acusaron, señalaron y afirmaron que siempre cumplían con su trabajo, esos que se decían garantes de las decisiones soberanas a favor del pueblo al que representan, ¿Dónde están?

Por increíble que parezca este viernes, todavía un digno diputado Octavio Pérez Garay de extracción priista, acusaba que su fracción parlamentaria estaba siendo víctima de una lastimosa campaña de linchamiento mediático. Ay si tú… -dirán por ahí-, cuando son de los que debieron responderle al pueblo de Veracruz por su incapacidad de enfrentar y afrontar lo que a todas luces eran delitos orquestados desde el mismo Palacio de Gobierno.

Cabe destacar que aún faltaran los resolutivos de interpuestos por las bancadas del PAN, los diputados del PRD-MC y algunos del Nueva Alianza y del Verde Ecologista de México (PVEM)” que en estos momentos analizan los propios magistrados de la SCJN y que ésta está por ser fallados.

Sumado a ello, la SCJN tiene pendiente de revisar la acción de inconstitucionalidad en contra de la basificación de 7 mil 800 burócratas de la administración pública centralizada, que fue aprobada por la legislatura el 14 de julio y promulgada por Javier Duarte el 9 de agosto.

Este resolutivo confirma que la decisión está tomada, comprobando que una decisión presidencial, pesa mucho más que un inadmisible capricho, desaprovechar una salida decorosa a una administración cargada de irregularidades, fue una oportunidad que paso de frente para quien no la vio y quien tuvo la oportunidad de salir sin tanto chipote del combate a garrotazos en el que se quiso poner con Sansón, que a las patadas también le sigue tundiendo.

Quizá por ello una fuente asegura que el mandatario Javier Duarte así como su círculo más cercano desalojaron ya desde hace 30 días aproximadamente la Casa de Gobierno o Casa Veracruz, de donde se afirma permanecía recluido, sin mayor animo de salir.

Ahora se asegura vuela todos los días, claro con cargo al erario, de Xalapa a Córdoba-Fortín para resguardarse en su chocita, un predio de más de 55 hectáreas en donde se han tomado muchas de las decisiones de cómo hacer negocios con el presupuesto público.

Ubicado en la carretera federal Fortín – Orizaba el Racho “El Faunito” que alguna vez fuera la casa de descanso de los industriales azucareros en los tiempos de José María “Chema” Martínez, posteriormente adquirida por el empresario Francisco García González, a quien SAGARPA le dio préstamos a Fondo Perdido por 300 millones de pesos, es el nuevo refugió de Javier Duarte.

Según publicó recientemente la Revista Newsweek, esta propiedad a donde ahora se refugia el mandatario estatal, se le atribuye en propiedad a otro de los prestanombres favoritos de la presente administración, como lo es Franky García –socio cañero- quien su momento representó a Veracruz ante PEMEX, y era el responsable de hacer los negocios con los vales de combustible y asfalto, entre otras cosas, según relata la propia revista, es García el que presta el nombre para las transacciones que involucraban a Duarte.

Y si a esto sumamos lo publicado este mismo viernes en la portada del Diario Reforma, en donde se señala que Moisés Mansur Cysneiros, operador financiero del propio Javier Duarte y uno de sus mejores amigos de juventud, registró ante un notario público su testamento y lo nombró como su heredero.

Según Reforma Mansur Cysneiros habría recurrido el 28 de septiembre de 2006 a inscribir su testamento ante Alejandro Eugenio Pérez Teuffer Fournier, notario número 44 en Huixquilucan, Estado de México y quien lo habría registrado con el instrumento notarial 31,738, inscrito en el libro 1,178 del Registro Público.

Entre los inmuebles inscritos que pasarían a ser propiedad del Gobernador del PRI en caso de muerte de Mansur se encuentra un edificio en Prado Norte 135, en Lomas de Chapultepec; una oficina en Campos Elíseos 71 B, en Polanco, y un local en Plaza Centro, en Masaryk.

En el testamento en el que se declara heredero al hoy Gobernador de Veracruz firmó como testigo José Antonio Bandín Ruiz, amigo desde la juventud de Mansur y del mismo Javier Duarte.

Vaya pues las exhibiditas que se han llevado los legisladores locales veracruzanos que por andar de queda bien, han tirado sus carreras políticas al cesto de la basura y esperemos que los veracruzanos jamás olvidemos sus nombres, porque son contados los que siempre demostraron su rechazo a las decisiones biliares.

Pero como diría el Divo de Juárez… ¡pero qué necesidad!

Al tiempo.

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