Luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) insiste en no se han solventado la mayoría de las observaciones hechas a la administración de Javier Duarte de Ochoa, es probable que el gobierno estatal recurra al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Lo anterior lo señaló el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Antonio Gómez Pelegrín, quien aseveró que los puntos de vista o criterios entre el gobierno del Estado y la ASF son “diferentes”, por lo que recurrirán a acciones legales.

“La última palabra tampoco la tiene la ASF, todavía existe la posibilidad de irse a un juicio al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que en un momento dado ahí combatamos todas las opiniones que ellos tienen, todavía no son asuntos totalmente concluidos”, adelantó Gómez Pelegrín.

En ese sentido, expuso que si para el auditor Superior, Juan Manuel Portal Martínez, no han sido suficientes las solvataciones, también es un hecho que el gobierno de Veracruz nunca ha recibido notificaciones por escrito por parte del organismo fiscalizador federal.

Además, justificó que el proceso de solventación es largo y se va dando durante el transcurso de un año en cada ejercicio fiscal, de ahí que las diferentes dependencias avanzan conforme a las capacidades de cada una y de la Secretaría de Finanzas.

“Uno manda la solventación a la ASF y ellos la revisan o la analizan, no dan respuestas por escrito, fundadas y motivadas, que establezcan si procedió o no la solventación. De repente se entera uno que hay procedimientos y corresponsabilidad porque a juicio de la ASF no fue suficiente la solventación. Pero eso no implica que no se estén atendiendo, se han atendido todas las observaciones”, dijo el funcionario estatal.

Como ejemplo, Gómez Pelegrín dijo que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), según el artículo 149 de la Ley de Coordinación Fiscal, se puede utilizar para el financiamiento de actividades educativas.

“Así lo utilizó Veracruz y así está registrado por la ASF, inclusive en los años 2010, 2011 y 2012, la propia auditoría felicitó a Veracruz por haber usado el recurso adecuadamente, unos 2 mil millones de pesos anuales, pero resulta que para 2013 y 2014 cambió el criterio la ASF y ya no lo informó.

“Ahora resulta que ya no se puede financiar para el gasto educativo y nos están haciendo una presunta responsabilidad por 6 mil millones de pesos cuando está totalmente acreditado que se utilizó en materia educativa en términos de ley”, observó el titular de la Sefiplan.

De esta manera aseguró que es probable que el gobierno del Estado tenga que recurrir a juicios para que sea un tribunal quien determine si la ASF o el gobierno de Veracruz tienen la razón en los recursos que están bajo sospecha de malversación.

 Xalapa, Ver, 6 de septiembre 2016/ Agencia Imagen del golfo.