Poco más de mil trabajadores del Poder Judicial del Estado, siguen sin recibir justicia tras el fraude millonario que cometió la exsecretaria general de este sindicato María Araceli Mestizo en complicidad de Rosa María Beatriz Rivera.

En entrevista celebrada la mañana de este viernes, al presidir la guardia de honor en el Parque de Los Berros, al monumento al Padre de la Patria Miguel Hidalgo y Costilla, la actual secretaria general del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial, Rocío Tinajero, reconoció que a más de siete años que se denunció el fraude no se ha girado orden de aprehensión en contra de ninguna de las dos implicadas.

En este sentido, la líder sindical se deslindó de este asunto, al asegurar que este ilícito no se llevó a cabo durante su gestión, al tiempo de reiterar que hasta el momento no se ha detenido a la persona que se quedó con la caja de ahorro, que sumaba alrededor de 7 millones de pesos.

“Eso ya no me correspondió a mí, sino a mi secretaria general anterior (María Araceli Mestizo), entonces no te puedo dar un informe exacto. El esquema de la caja de ahorro desapareció y las autoridades están a la espera de que se gire la orden de aprehensión, de ahí no le puedo dar más informes”, refirió.

Insistió que este caso, por el que se interpuso una denuncia por estos hechos, ya no le correspondió a su gestión y aunque aseguró saber quién era el o la responsable no quiso proporcionar el nombre, aunque la encargada de la caja era Rosa María Beatriz Rivera.

“No la estoy protegiendo, pero le vuelvo a repetir esta en la causa, es algo que pasó hace mucho tiempo, no es de mi gestión, mi gestión empezó de junio a la fecha. Ya no está dentro de mis prioridades”, afirmó.

Hay que recordar que de acuerdo a la entonces responsable de la Caja de Ahorro la cuenta bancaria donde estaban depositados los recursos fue vaciada por desconocidos que la amagaron, la secuestraron y la obligaron a proporcionar los números de cuenta y claves.

Esta situación nunca se aclaró y magistrados, proyectistas y personal del Poder Judicial exigieron la entrega de sus ahorros por lo que interpusieron una denuncia penal en contra de la misma, la cual no ha prosperado.