Para algunos analistas políticos en Veracruz, les queda claro que aún con demasiados indicios de que el gobernador Javier Duarte de Ochoa ha caído de la gracia y protección de los Pinos, la Procuraduría General de la República, no se ve que actúe con la misma vehemencia. Las autoridades hacendarias como el Sistema de Administración Tributaria y fiscalizadoras como la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, por el momento tampoco se les ve eficacia en sus acciones. Son más los palos de ciego que se ve dan, que resultados positivos.

¿Qué mano poderosa hará que las investigaciones administrativas no vayan por el camino adecuado?

Veamos:

Rafael Elías Valverde, lo renunciaron de su cargo  en el Registro Civil del Estado de Veracruz, por entregar sin pedir línea, información solicitada por la PGR. Un problema político doméstico, en medio de la investigación ministerial que realiza la Procuradora  Arely Gómez González, en su papel de “cazafantasmas”,  para dar con los responsables del fraude multimillonarios cometido por “Empresas Fantasma” en contra del Gobierno del Estado de Veracruz.

A Domingo Yorio Saqui, titular del Catastro, igual le fue requerida información por la PGR y entregó lo que tenía. Sin embargo, la investigadora filtró que Domingo se negó a cooperar y se le armó todo un lío mediático, por un problema técnico.

A Domingo lo salvó, -hasta ahora-, que a raíz de que el 1999 fue reformado el Artículo 115 Constitucional, fueron reformados los códigos de las haciendas municipales por lo que función catastral dejó de ser patrimonio del Gobierno del Estado, quedando vinculados sólo por un simple Convenio de Coordinación que no muchos alcaldes cumplen, pues nada legal los obliga. Es tal la descoordinación en este sentido que la gran mayoría de bases de datos municipal no son compatibles con el estatal, por lo que millones de datos catastrales no están cargados en las computadoras de la oficina estatal. Esa fue la razón técnica por la que Domingo no entregó la información tal y como la exigida la PGR.

Otro palo de ciego, lo ha dado la Fiscalía General de Veracruz,  al requerir información por el mismo caso de las “Empresas Fantasma” al titular de la Sedesol Alfredo Ferrari Saavedra, quién confiado de todo a todo, abrió de par en par las puertas de su dependencia y entrega todo lo que el investigador le pida. 

Ferrari declaró que ciertamente la Fiscalía General del Estado le ha requerido información en ese sentido, y que seguirá  coadyuvando en lo que se le llegue a solicitar…. cooperando no tan sólo con eso sino con toda la transparencia a que nos obliga la entrega recepción” dijo el funcionario estatal.

El caso de Zaidé del Carmen Zamudio Corro, es por demás elocuente de los palos de ciego que dan las autoridades investigadoras, el ORFIS, aquí para ser precisos, quién ha notificado a la actual directora de Administración del OPLE por vínculos con las denuncias penales por la creación de “empresas fantasma”.

Supuestamente, cuando Zaidé Del Carmen Zamudio, fue jefa de Unidad Administrativa de Protección Civil, en la administración de la actual diputada federal Noemí Guzmán Lagunes y firmó nueve contratos a cuatro empresas fantasma por un total de 29 millones 628 mil 120 pesos.  Pero en este caso, según ha informado el SAT se trata de 37 empresas y un supuesto pago indebido por más de 6 mil millones de pesos. ¿A qué otro funcionario ha citado el ORFIS por firmas los demás contratos? Contratos que además de todo fueron legales y cumplieron con toda la normatividad habida y por haber, según los datos aportados por Ricardo García Guzmán y José Antonio Gómez Pelegrín, titulares de la Contraloría y SEFIPLAN.

En la firma de contratos no está el problema de fondo.

Es claro que los investigadores de la Procuraduría General de la República, el Sistema de Administración Tributaria y la Procuraduría General de Veracruz, sólo van por el camino dando palos de ciego. Alborotando panales que no deben y donde nada encontrarán. A menos, claro, que alguien haya dejado por ahí una que otra huella que pueda llevar a los investigadores a descubrir qué funcionarios coadyuvaron con el millonario fraude.

Pero eso será muy difícil.

Quienes hayan maquinado el millonario fraude utilizando “Empresas Espejo” o fantasma como se les conoce no debieron ser tontos. Se debió tratar de expertos ingenieros financieros descendientes del aquel famoso “Caballero ladrón” de nombre Raffles;-personaje de novela credo en los 80’ por el cuñado de Arthur Conan Doyle autor de Sherlock Holmes-; que ingeniosamente obtenía recursos para sí, es decir robaba, mediante ingeniosos allanamientos para desaparecer valiosas joyas, obras de arte y dinero, sin dejar huellas. 

Dilucidar el daño por esa vía en la que circulan las investigadoras estará en chino, puesto que desde un principio se supo y se entendió que las ya famosas “empresas fantasma”, fueron debidamente “atendidas” con total pulcritud y legalidad desde adentro. Todo lo hicieron bien.  Es decir, no fueron novatos los que maquinaron -desde fuera- el millonario fraude al erario.

Eso se supo desde que el Contralor Ricardo García Guzmán y el titular de SEFIPLAN Antonio Gómez Pelegrín, salieron a presumir tremendos expedientes ante las cámaras del Programa en vivo con el periodista Ciro Gómez Leyva, recién, Animal Político había destapado la cloaca y abierto la Caja de Pandora de Veracruz.

A los dos funcionarios se les veía seguros de pasar cualquier prueba con los expedientes tan bien armados que tenían a la mano. Podría decirse que ya esperaban el ataque mediático. Podría decirse que conocían muy bien lo que se había hecho y cómo lo habían blindado.

Desde luego, lo que no se puede descartar es que el gran fraude pudo haber sido maquinado por altos funcionarios del actual gobierno, o del anterior. Esa es la duda y eso es lo que deben probar la PGR, SAT, la CNB y la propia PGE, investigar afuera,  “dineros inesperados que llegaron por las fechas en que se pagaron los contratos fantasma, a las cuentas de gerentes de bancos que abrieron cuentas a empresas de dudosa creación, notarios públicos. Registradores Públicos de la Propiedad, es decir, seguir la ruta del dinero desde que salió de SEFIPLAN, como se sabe que hizo el Juez Garzón en España.  

¿Podrán o querrán desenredar ese nudo gordiano las autoridades investigadoras?

 ¡He ahí el dilema!...