La Justicia Electoral tiene errores en sus aplicaciones por la mala interpretación de las leyes que emanan del poder Legislativo, en ocasiones por errores de redacción y otros por lagunas, reconoció el Magistrado Manuel González Oropeza.

Al explicar más ampliamente sobre las fallas que se dan en la aplicación de la justicia, el jurisconsulto del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal admitió que es necesaria mayor comunicación entre quienes hacen las legislaciones y los que las ejecutan, como son los jueces.

Sin embargo, dijo que puede no tratarse de implicaciones con intenciones para beneficiar a los actores de una controversia, llámese partidos políticos o candidatos en las elecciones pero insistió que forma parte de las malas aplicaciones que suelen ocurrir.

Expuso entre otras cosas que los jueces no deben sujetarse a trasladar solo la voluntad de los legisladores sino aplicar las leyes con mayor humanismo, por lo que llamó a que ese humanismo lo reflejen con el conocimiento del contexto cultural de una comunidad o pueblo que se encuentren inmersos en un proceso judicial.

Es decir, aplicar el criterio con el entorno, por ejemplo de comunidades indígenas, usos y costumbres, y otras circunstancias.

Citó los casos recientes de Chenalhó, en Chiapas y Oxchuc, en Oaxaca, donde restituyeron a la alcaldesa.

En entrevista con IMAGEN el magistrado, con amplia trayectoria en la materia, expresó en otro orden de ideas, que precisamente las comunidades indígenas aún se encuentran sin acceso a la justicia.

Así, da una radiografía de la justicia electoral mexicana:


Se habla de fallas en la justicia por parte de los legisladores ¿A qué se refiere?

-Lo que pasa es que nosotros aplicamos leyes electorales, y el contenido de esta legislación es especial, esto hace que la redacción de las leyes pueda ser incongruente o que tenga lagunas. A eso me refiero con los errores de los legisladores.

El juzgador no puede dejar de aplicar la ley a pesar de deficiencias o lagunas, es un principio general de los que aplican la justicia.

Y con la complejidad de los problemas que se presentan en los casos, siempre hay un resquicio. Las palabras en las leyes nos llevan a resquicios que no son contemplados en ocasiones.

No se trata de una intención por beneficiar a alguna de las partes en conflicto, sino más que por interés hay un perjuicio si la interpretamos mal. Tenemos que evitar el perjuicio cuando una ley no es clara.

Más adelante González Oropeza explica que no se trata de corregir al legislador pues cada quien hace su trabajo, pero el legislador lo hace en un contexto político.

“Y nosotros tenemos la obligación de aplicar esa ley aunque no sea explícita. No es necesario que sea cien por ciento explícita, pero para eso están los legisladores, para corregir”.

Manifestó que ante las lagunas o problemas de redacción en la Ley es cuando los juzgadores derivan en una equivocada aplicación de la justicia.

Considera que esto se debe mejorar o subsanar con un mayor diálogo y comunicación entre legislador y juzgador.

-En el pasado el juez o la autoridad se lo hacía saber al Congreso de cualquier irregularidad, el congreso discutía sobre cómo mejorar la Ley reformándola, ampliándola o derogando incluso algún precepto. Esto es algo imbíbito (comprendido, implícito) en el diseño de la legislación, dijo.



¿Retrasan gobiernos o instituciones la aplicación de la Ley?

-Las leyes tienen una generalidad de aplicación permanente, el punto es que en ocasiones como en Chenalhó, en Chiapas, la comunidad había pedido la intervención del gobierno, de algunas autoridades estatales y esa intervención no llegó. Lo que se hubiera podido atender desde un principio no sucedió.

Y no es exclusivo de ese estado, en otras partes del país también ha habido casos, como en Oaxaca. Vemos que el problema se agrava por la falta de inmediatez de las autoridades para intervenir. Deben hacerlo rápido las instituciones o gobiernos y hacerlo bien.

En Oaxaca, este año, la presidenta municipal fue expulsada con violencia, el pretexto fue que era mujer. Ella interpuso un recurso y se intervino, y fue reinstalada. Pero en Chenalhó fue violencia política, la raíz del conflicto, expuso.



SIN ACCESO, NI REPRESENTACIÓN 


En cuanto al tema de las minorías el Magistrado González Oropeza explicó que existe la necesidad de que sea acercada la justicia a todas las comunidades. En el caso de las indígenas es porque muchas veces no tienen la suficiente población para cubrir los requisitos en cantidad y forma, o tener partidos políticos o tener diputados en el Congreso.

Dijo que es preocupante pues hay minorías indígenas que son tan pequeñas que no les alcanza para tener una decisión en una curul ni siquiera en un ayuntamiento.

Admitió que no existe, por ejemplo, una representación mínima en los Congresos Estatales ni el federal. Sin embargo, lo que se debe anteponer en los órganos judiciales en este caso el electoral, es que se respete sus gobiernos y políticas pero también se necesita que sean mayormente representados.

Hasta ahora, aclaró, parece que “lo que ellos quieren es que se les respete el gobierno en sus comunidades. Y eso está bien”.


ALIANZAS EN PARTIDOS 

A la pregunta de si las alianzas incluso en partidos antagónicas con el único fin del poder, el Magistrado recordó que los partidos políticos desde que nacen tienen el objetivo de obtener el poder. “Es natural que desde el siglo XVII en Inglaterra los Whigs y los Tories hayan nacido para eso”.

Es la autonomía de los estados los que deciden si se deben respetar las alianzas. Yo no soy quien para condenar si está bien o mal.