La justicia española volverá a reabrir la causa contra Neymar por presunta "corrupción" en el traspaso del jugador al Barcelona, tras ordenar en un auto hecho público este viernes la revocación del archivo del caso que había decretado el juez del mismo.

La Audiencia Nacional (principal instancia penal española) admitió los recursos de la fiscalía y de la empresa brasileña DIS, antigua poseedora de parte de los derechos del jugador, contra la decisión del juez José de la Mata, decretando "la continuación de las actuaciones".

De la Mata había archivado el caso por supuestos delitos de "corrupción entre particulares y estafa" contra Neymar, su padre, el expresidente del Barcelona Sandro Rosell y el Santos, club de origen del jugador, al considerar que no había materia penal.

Sin embargo, los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimaron este viernes que "hay indicios suficientes" para seguir adelante con la investigación.

La decisión supone un varapalo para Neymar, que parecía haber dejado atrás este problema, aunque el técnico Luis Enrique Martínez, no cree que esto vaya a influir en su rendimiento.

- Acostumbrados a lo extradeportivo -
"Si hay un jugador que está acostumbrado a este tipo de situaciones y, no diría un jugador, si hay club acostumbrado a este tipo de situaciones es el FC Barcelona", dijo Luis Enrique.

"Desde todos sus jugadores a su entrenador están acostumbrados a cosas que no tienen nada que ver con el fútbol", sentenció.

En un comunicado, el Barcelona mostró su "disconformidad" con la reapertura de la causa.

"El FC Barcelona mantendrá las tesis que siempre ha defendido a lo largo del proceso y demostrará la inocencia de todos los investigados", afirmó el club.

El caso tuvo su origen en una denuncia del fondo de inversiones DIS, propietario del 40% de los derechos del jugador en el momento del traspaso de Neymar al Barcelona.

En un primer momento, el Barcelona cifró oficialmente el traspaso de Neymar en 57,1 millones de euros (40 millones para la familia de Neymar y 17,1 para el Santos brasileño), pero la justicia española calcula que fue de al menos 83,3 millones de euros.

DIS, que percibió 6,8 millones de euros de los 17,1 ingresados al Santos, se creía doblemente perjudicada.

Primero, por dos acuerdos en 2011 entre Neymar y el Barça por 40 millones de euros para asegurarse el fichaje del jugador cuando finalizara contrato con el Santos, que según DIS impidió a otros clubes pujar por el delantero, vulnerando el libre mercado y pudiendo constituir un "delito de corrupción entre particulares".

Por otro lado, consideró que algunos contratos anexos sirvieron para ocultar el monto real pagado al Santos y, por lo tanto, la parte que le correspondía, lo que supondría un delito de "estafa por simulación contractual".