En un hecho histórico, el Congreso de la Unión dio entrada a la solicitud de juicio político al Gobernador de Veracruz. Sin embargo, Javier Duarte de Ochoa libraría el desafuero al estar por concluir ya su administración y ser considerado su caso a hasta el final de casi 300 peticiones.

Por unanimidad la Subcomisión de Examen Previo del Congreso de la Unión resolvió iniciar y dar entrada a la solicitud de juicio político contra del gobernador Javier Duarte de Ochoa. Sin embargo no será el primero en abordarse, son 351 peticiones de desafuero, incluida una en contra del presidente Enrique Peña Nieto, que está sub comisión debe atender, y dejaron los casos de los gobernadores como Javier Duarte de Veracruz y César Duarte de Chihuahua, \"a la cola\".

Fue el grupo legislativo de Morena quien lo presentó en marzo pasado, la diputada Rocío Nahle confirmó que fue una de las impulsoras de este proceso de desafuero que apenas dan entrada. 

Este jueves por la mañana los diputados sesionaron y por unanimidad de votos, sus 14 integrantes emitieron un acuerdo de trabajo para darle curso a ésta y otras 351 peticiones de desafuero de funcionarios públicos acumuladas desde el 2003.

El proceso que inicia constará de dos etapas: Primero se atenderán las solicitudes recibidas durante las LIX, LX y LXI legislaturas (de 2003 al 2012) y, en la segunda, las peticiones hechas en las LXII y LXIII legislaturas (2012-2016).

La Subcomisión de Examen Previo está presidida conjuntamente por los titulares de las comisiones de Gobernación y de Justicia, los priistas Mercedes del Carmen Guillén Vicente y Álvaro Ibarra Hinojosa, y la componen legisladores de diferentes fuerzas políticas de la cámara baja.

Al término de la plenaria y en entrevista, Guillén Vicente expuso que la conformación de esta comisión debió hacerse también en legislaturas pasadas, para evitar el rezago que hoy experimenta; sin embargo, expuso que “ya no nos queda ver hacia atrás, sino entrarle al toro”.

Abundó que el acuerdo y la forma de desahogo de las solicitudes aprobadas este día, proviene de lo acordado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo). “Tenemos que revisar cada una de las demandas de juicio político, como se fueron presentando desde la LIX Legislatura”.

Al calificarlo como “un procedimiento muy largo”, abundó que el primer paso es el análisis de cada solicitud en esta subcomisión y si pasa, se remitiría al pleno de las subcomisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia.

Después si se aprueba en esas tres comisiones, el expediente se remite a la Sección Instructora y de allí pasa al Pleno de la Cámara de Diputados, para después de aprobado, sí eso ocurre, se enviaría al Senado de la República.

Finalmente expuso que entre las posibles sanciones a los denunciados, según sea el caso, están la inhabilitación o destitución del cargo, tal como lo establece la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.