Los 500 millones de los que se habla hasta ahora por el fraude maquinado de supuestos empresarios que cobraron y no entregaron contraprestación alguna -conocidas como empresas fantasma- al Gobierno de Veracruz, son apenas la fibrita de la hebra, pero son datos duros que reflejan el inobjetable vínculo de Javier Duarte de Ochoa con sus familiares y amigos con las prácticas delictivas.

Se suponía desde hace tiempo la participación del suegro Antonio Macías Yasegey... pero de la de Karime Macías de Duarte y su participación en el lavado de dinero, muy  pocos se lo podrían imaginar.  

Además, por la forma en que se configuraron los delitos se pudo construir el tipo de delincuencia organizada que le facilita el trabajo ejecutor a la PGR e impide cualquier posibilidad de que los indiciados se amparen.

Sin embargo, los cálculos más conservadores del daño patrimonial a Veracruz hablan de un boquete superior a los 120 mil millones de pesos que son resultado de la mala administración, la codicia, incapacidad, el robo descarado y, por supuesto, el desaseo administrativo.                

Hay muchos ejemplos:                       

La deuda no bancaria en la que se incluye a proveedores, pasivos de caja, facturas y órdenes de pago "en proceso", y podríamos citar muchos más. Pero en realidad, lo más escandaloso que está por aparecer es el desvío de más de 60 mil millones de pesos de fondos federales que fueron retenidos por la SEFIPLAN y que no dejaron llegar a su destino y, por lo tanto, no pudieron ser ejercidos ni regresados a la Tesorería de la Federación. Ahí se encuentran los recursos etiquetados para la Universidad Veracruzana, ayuntamientos, Institutos de Capacitación, Becas, el Sistema Nacional de Empleo, el impulso al deporte, Seguridad Pública, infraestructura para el combate a la pobreza, campesinos, pescadores, ganaderos, obras de desastres naturales y un largo etcétera difícil de enumerar.

Durante años el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa dijo a todo mundo que esa era una práctica "necesaria y correcta" para atender el "déficit" presupuestal.                    

Pero en correcto español y sin posibilidad de otra interpretación, de acuerdo con el artículo 223, Fracciones I, II, III y IV del Código Penal Federal, eso se llama PECULADO, y por lo tanto representa un delito grave que se sanciona hasta con 14 años de prisión. Incluso, el artículo 223 estipula que cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones federales para los fines de seguridad pública, se aplicará hasta un tercio más de las penas señaladas en los párrafos anteriores.

Hasta ahí ya habría para llorar, pero las desgracias no van solas: hay también incumplimiento de un deber legal, administración fraudulenta, uso indebido de las funciones públicas, y en cuanto se compruebe la coparticipación de 3 o más funcionarios, también serán acusados de delincuencia organizada (lo cual no será muy difícil de comprobar).                      

Ya le hemos adelantado en anteriores entregas lo de los seis mil millones de pesos de los pasivos laborales; los 5 mil millones de los fondos del IPE que no aparecen; los adeudos del Gobierno del Estado con el SAT y con el IMSS, Poder Judicial, OPLE, agua, servicios de seguridad, energía eléctrica, rentas de edificios; muchos de esos pasivos caen dentro del rubro de fraude fiscal.                       

Varios de los responsables de esto han sido ya mencionados y se dice que andan desconsolados y como perritos sin dueño; sobre todo desde que Javier Duarte de Ochoa no les contesta las llamadas y menos el personaje que despacha en Barcelona.                         

Los responsables de todo lo anterior son personajes de aspecto siniestro, que están acostumbrados a la altanería y el desprecio por su pares. Y de entre todos ellos hay tres personajes en particular que destacan y que más pronto que tarde aparecerán en la palestra del mega escándalo. Anote usted sus nombres: Arturo Jaramillo, Esteban Solano y Juan Manuel del Castillo. Estas tres personas, a la callada, se maneja en SEFIPLAN, son los responsables del batidillo de los últimos dos años. Los que prendían y apagaban la famosa “licuadora”. Hay quienes aseguran que al último, ni el fuero lo va a proteger de la voladora que está por caerle. Aseguran en los pasillos del ORFIS que ven en griego que puedan solventar las observaciones a la Cuenta Pública 2015. Hay una razón que los ha llevado a tal conclusión: los titulares de las dependencias señaladas por daño patrimonial como SEDARPA, el Fideicomiso al 3 por ciento a la Nómina, entre otros, culpan a SEFIPLAN de no haberles radicado los recursos que no han podido comprobar. Es decir, SEFIPLAN tiene una gran carga de todo el daño que hoy se está informando puntualmente en medios... no crea que toda la culpa la tuvieron en las dependencias.                       

Trasciende entre cercanos a los investigadores financieros de Hacienda, que el área de Inteligencia Financiera de la SHCP los vincula a un cuarto personaje, de nombre Jesús Moreno, a quien se ubica como empleado menor de la SEFIPLAN, pero cuya firma electrónica aparece en el 76% de las transferencias ilícitas.

Estos personajes tarde o temprano, si las autoridades fiscalizadoras y ejectoras hacen bien su trabajo, la van a pagar. El circo apenas empieza.

Desde aquí les enviamos un cordial lechero, y con mucha puntualidad, si gustan, hasta una caja llena de donas bien pero bien dulces y con mucha azúcar... para que vayan aguantando el temporal.