Dependerá de la próxima Legislatura —que entrará en funciones este sábado— reestructurar los pasivos del estado, los cuales ascienden a 87,000 millones de pesos y que se tienen con la banca, contratistas y algunas empresas, puntualizó Francisco Garrido Sánchez, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz.

El congresista dijo que esta posibilidad es la más viable después de que la Secretaría de Hacienda rechazara cualquier tipo de rescate financiero para el estado.

Garrido Sánchez agregó que a principios de este año el Congreso local se percató del boquete en las finanzas públicas.

“En la última Cuenta Pública, presentada en enero de este mismo año, establecimos en el dictamen que había que hacer varios ejercicios, dentro de ellos, un análisis a fondo de lo que se percibía en materia de algunas concesiones, como el Túnel Sumergido, el Sistema de Agua Metropolitano Veracruz-Boca del Río, así como saber qué estaba pasando con las participaciones federales para los municipios y por qué no se estaban pagando los fondos metropolitanos”, sostuvo el diputado.

Nunca, dijo, existió algún acercamiento del Poder Ejecutivo estatal con el Legislativo para discutir los graves problemas financieros.

“La comunicación hubiera sido muy saludable entre el Ejecutivo y el Legislativo, sin embargo, en algunas ocasiones hicimos advertencias para tomar decisiones por drásticas que fueran.

“El Congreso acompañó al gobernador (Javier) Duarte en las necesidades que se tenían para poder darle viabilidad al estado y desafortunadamente algunos de los funcionarios de Javier Duarte no lo entendieron así, hicieron cosas que no tenían nada que ver con la legalidad y se está padeciendo”, precisó.

El funcionario mencionó que Veracruz maneja números rojos desde el último año de la pasada administración, la cual fue encabezada por Fidel Herrera.

Aunque negó señalar a algún funcionario en particular, dijo que en lo que va de la administración se han tenido “seis secretarios de Finanzas, tres contralores así como varios secretarios en las dependencias, por lo que es muy complicado llevar un orden administrativo cuando se ha tenido desde la cabeza rectora de los recursos seis secretarios de Finanzas, todos con diferente visión, eso vino a hacer más grande el problema del manejo de los recursos”.

El legislador enfatizó que la Contraloría tenía la obligación de verificar cómo funcionaban los programas en el estado así como examinar las empresas fantasma.

Es una irresponsabilidad, sostuvo, que cualquier contralor, tanto el actual, Ricardo García Guzmán, como sus antecesores se deslinden del problema en las finanzas públicas de Veracruz, ya que los procedimientos son claros.

Incluso, acotó, la “Auditoría Superior de la Federación (ASF), desde el 2014, tiene identificados temas pendientes del estado”.

El diputado arguyó que la única forma de salir del atasco financiero por el cual atraviesa Veracruz es, además de la reestructuración financiera, apuntalar la recaudación de impuestos locales, como el de nómina, así como el adelgazamiento de la estructura del gobierno de la entidad.

“Ya no hay condiciones para tener tanto personal adicional, cuando la administración del gobierno está en caos”.

Externó que se prevé un recorte de aproximadamente 1,000 plazas en el gobierno.

Por último, el diputado estatal señaló que a Javier Duarte, quien no ha aparecido públicamente en días recientes, se le tienen que otorgar todas las garantías jurídicas posibles como a cualquier otro ciudadano.

“Entiendo la molestia social de la gente, es muy comprensible. Habrá que ver qué se puede fincar y qué no. Lamentablemente creo que a Duarte le fallaron muchos de los funcionarios a los que les tenía confianza y habrá que identificarlos a ellos y por qué no han sido requeridos por la justicia, si ellos también tienen responsabilidad”, añadió.

Recurso ante la SCJN

La dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, anunció que su partido interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los gobiernos estatales y la Federación regresen el dinero que se les adeuda a municipios de Veracruz y otros estados así como a las jefaturas delegacionales de la Ciudad de México.

“Es una burla, es un absurdo porque este dinero pues ahí está, ahí estuvo pues, se asignó y hoy es la fecha en la que no se sabe dónde está”, sentenció.

Al acudir a la Cámara de Diputados a una reunión con alcaldes y diputados federales del PRD, Barrales Magdaleno aseveró que buscará una reunión con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, pues dijo que hay 40 municipios perredistas a los que se les deben 1,000 millones de pesos en ministraciones tan sólo este año.

Afirmó que en el caso de la Ciudad de México hay jefaturas delegacionales a las que se les adeuda 500 millones de pesos; asimismo, el adeudo “más grotesco” es en contra de 13 municipios del sol azteca en Veracruz, a los cuales se les adeuda 200 millones de pesos.

Por ello, informó que el PRD presentará la próxima semana la controversia, con el propósito de que, además de esos adeudos, los estados y la Federación paguen los intereses generados.

“La semana entrante podríamos estar presentando una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia para reclamar todos estos adeudos que legalmente nos corresponden a todos nuestros municipios perredistas, ya di las cantidades, ya hablé de qué casos, y estaríamos presentando una controversia que nos permita, a través también de la Ley de Coordinación Fiscal, también estar haciendo el cobro de intereses en cada uno de estos municipios”, dijo Barrales.

Finalmente, explicó que la Ley de Coordinación Fiscal da cinco días posteriores a que la Federación entrega los recursos al estado para que éste los ministre a los municipios, “y cuando esto no ocurre, nos da la posibilidad de reclamar los intereses a partir de los cinco días en los que llegaron esos recursos a la Federación”.

 Con información de eleconomista.com.mx