El Universal publicó ayer que el ex titular de Salud, Pablo Anaya, estuvo enterado y calló que 70 mil pruebas rápidas de VIH-Sida resultaron inservibles para mujeres embarazadas y que por ellas se pagaron 9 mdp desde diciembre del 2011 a la empresa “Comercio y Servicios Administrativos del Golfo, S.A. de C.V.”. Fue su sucesor, Juan Antonio Nemi Dib, quien al detectar el daño lo denunció ante el MP federal y a la Contraloría del Estado. Política al Día preguntó a Nemi Dib respecto aquella denuncia y las repercusiones a lo que respondió: “Ante tanta atrocidad era necesario denunciarlo, debía saberse aunque sabía que estaba de por medio mi permanencia en Salud”. Lo señalé en su momento, “no me regodeo en lo que sucede ahora, no quiero venganza; del maltrato que he recibido siempre he dicho que el único responsable soy yo por haber aceptado trabajar con ellos… Nadie me engañó. Quizá ahora mi segundo error fue volver al gobierno”. Pero en para estos crímenes “tenía que haber justicia, para que las Ángelas Sotos y los Juan Manueles, no se cobijaran en el manto de la impunidad, pero sobre todo para que no siguieran cometiendo esos abusos lucrando con la salud y la vida de miles de personas… que Dios los perdone”.