Pocos entendieron la consecuencia práctica del decreto del pasado 8 de diciembre que abrogó otro por el que se instruían medidas de Control Jurídico en materia laboral para la Administración Pública Estatal. Con ello, facilitaron el camino para despedir fast track a los trabajadores y aplicar la ley del “primero fusilas y después virigüas”. El abrogado establecía un procedimiento para despidos: 1) Se debía contar con  el Vo.Bo. de las áreas jurídicas para garantizar despidos justificados; 2) Con el Vo.Bo. administrativo que asegurara la suficiencia presupuestal para soportar el gasto de liquidación de ley. Ahora, sin ese procedimiento, los actuales funcionarios tienen las manos libres y se dan gusto corriendo gente, como aseguran sucede en la Dirección de Desarrollo Político, donde a los de confianza les hacen firmar su renuncia a la mala. Llaman a uno por uno a la oficina del Jefe, ponen sobre la mesa un “machote” y lapicero, sugiriendo “amablemente” que lo firmen. Es obvio que no hay suficiencia presupuestal, para los finiquitos. Gracias al decreto abrogado que “extralimitaba” las funciones del Ejecutivo, les dieron manga ancha a los titulares para la corredera.