La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI anunció esta tarde la expulsión del partido de Arturo Bermúdez Zurita, José Antonio Chara Mansur Beltrán y Gabriel Deantes Ramos. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria acreditó su falta de probidad como militantes durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, en Veracruz.

“En los Procedimientos Sancionadores iniciados el 20 de septiembre último en contra de los militantes Arturo Bermúdez Zurita, José Antonio Chara Mansur Beltrán y Gabriel Deantes Ramos, por realizar conductas contrarias a los documentos básicos del Partido Revolucionario Institucional y por falta de probidad durante el gobierno de Javier Duarte en el estado de Veracruz, se determinó su expulsión, al acreditarse que los señalamientos de corrupción en su contra y su actuar han generado un deterioro grave en la imagen de nuestro instituto político”.

En la misma sesión también se determinó la expulsión del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. Explicó que fue por vulnerar sistemáticamente los estatutos del partido, el código de ética y cometer actos de falta de probidad durante su gestión, al ser señalado como autor de diversos actos de corrupción y, en consecuencia, haber afectado la imagen del instituto político.

En el mismo comunicado se confirmó la suspensión de los derechos partidistas al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo. Fundamentó la medida en la gravedad de las acusaciones en contra del ex mandatario quintanarroense.

“En el Procedimiento Sancionador iniciado por el militante Octavio Delgado Casillas en contra del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, se determinó emitir la medida consistente en la imposibilidad para ejercer sus derechos de militante, hasta en tanto se resuelva el procedimiento iniciado en su contra, dada la gravedad de las acusaciones, con efectos jurídicos de cara a cualquiera de los escenarios que contempla el Artículo 58 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional”.

Se indica que con estas acciones, el PRI refrenda su compromiso de combatir frontalmente la corrupción y sancionar todas las conductas que afecten el desempeño de los funcionarios públicos emanados de sus filas.  

(Agencia del Golfo)