El Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares cuenta con trescientos expedientes perfectamente integrados sobre irregularidades en el manejo de recursos económicos, financieros, contables y administrativos de igual número de ex servidores públicos del gobierno de Veracruz.

Un calificado equipo de trabajo clasificó las carpetas de la siguiente manera: las primeras 150 contiene documentación de anomalías en cuentas de índole federal y las restantes 150 fundamentan desorden en partidas del ámbito local.

El primer paquete será turnado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para después triangular con la Procuraduría General de la República (PGR), y el segundo con el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y la Contraloría General del Estado (CGE), para luego triangular con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Informes extraoficiales subrayan que de los 150 casos correspondientes al ámbito local, 75 están completamente sustentados y los restantes 75 requieren de algunos detalles.

En la relación de delitos, acusaciones y denuncias, destacan: corrupción, peculado, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, daño patrimonial, operaciones con recursos de procedencia ilícita, usurpación de funciones, desvío de recursos, uso indebido de funciones, lavado de dinero e incumplimiento del deber legal.

Además, fraude, fraude equiparado, extorsión, evasión fiscal, tortura, desaparición forzada, abuso de autoridad, defraudación fiscal y retención de partidas federales.

El proceso de las investigaciones busca objetivos sustentados en evidencias y pruebas, ajustadas a la interpretación de leyes que no admitan la mínima equivocación.

Son cuatro los puntos torales en que se mueve el trabajo de los expertos en administración pública coordinados por el gobernador constitucional Miguel Ángel Yunes Linares.

Primero, la devolución voluntaria de recursos financieros; segundo, inmovilización de cuentas y valores; tercero, embargo de bienes inmuebles y cuarto, purgar condena en los Centros de Reinserción Social del Estado de Veracruz (CERESOS).

Todo hace suponer que durante los primeros tres meses del 2017, el resultado de agotadoras y concienzudas jornadas de investigación, hará cimbrar no sólo al Estado de Veracruz, sino también al país y con posibles repercusiones en el extranjero.

A eso se debe el anuncio del representante del Poder Ejecutivo Estatal, en el sentido de que todos los servidores públicos de reciente ingreso no saldrían de vacaciones, sino por el contrario, permanecieron trabajando en cada una de las áreas correspondientes con el único propósito de reducir tiempo.

Si los cálculos no fallan, vaticinó la fuente de segundo nivel de la administración local, es probable que en la última semana de marzo, la Fiscalía General del Estado (FGE), reciba las primeras denuncias formales contra ex servidores públicos señalados de inconsistencias administrativas toleradas en los períodos de Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.

Tomando  en cuenta la modalidad y rapidez de los juicios orales, no se duda de que los resultados de las Agencias del Ministerio Público y de los jueces involucrados, se den a conocer en tiempo relativamente reducido.
Los días de la carcajada y del dispendio, están a escasos milímetros de llegar a su fin, en beneficio de la reclamante comunidad veracruzana.

Yunes Linares vendió durante su campaña en busca de la gubernatura no un lema, sino la promesa de investigar, documentar, denunciar y luego abrir proceso a funcionarios que abusaron de la confianza de cerca de ocho millones de ciudadanos.

Los blancos están bien definidos.

No existe la mínima posibilidad de que exgobernadores, secretarios, jefaturas de unidades administrativas, direcciones de recursos humanos y oficialías mayores, escapen del riguroso proceso de investigación sobre el desvío de recursos de los gobiernos Federal y del Estado, iniciado desde hace más de dos años.

Se tiene conocimiento que los más cercanos colaboradores en los gobiernos de Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, tramitan amparos ante las autoridades correspondientes y buscan acercamiento con los principales funcionarios del Gobierno Federal, para que sirvan de enlace con el presidente Enrique Peña Nieto y contribuya a neutralizar la posible emisión de condenas Federales y Estatales.

Sin embargo, en su momento, el titular de la secretaría de Gobernación (SEGOB), dijo a medios de comunicación social impresos, radiales, televisivos y de internet, que el tema delictivo observado en el gobierno de Veracruz es de carácter doméstico, dando a conocer que el gobierno central posiblemente no tome cartas en el espinoso asunto, presionado por compromisos políticos y partidistas.

Las declaraciones del responsable de la SEGOB, fueron interpretadas en círculos políticos veracruzanos como el “visto bueno” de la presidencia de la república, para que el gobierno local actúe de acuerdo a las facultades que le otorga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz.

El cadalso está montado, sólo faltan los cuellos que tensarán la soga.

carlos.lucioacosta@rocketmail.com