Una de las medidas tomadas por la administración de Miguel Ángel Yunes Linares que más descontento y críticas ha generado es el despido generalizado, a tabla rasa, de burócratas del gobierno estatal.

Es verdad que ante cualquier cambio de gobierno, en cualquiera de sus niveles, lo natural es que quienes asumen el poder lleguen con sus propios equipos, con la gente con la que buscarán poner en funciones planes y programas que, al menos en el papel, han trabajado, analizado y estructurado con antelación.

El cambio de mandos y hasta de personal operativo en un gobierno naciente es pues, algo normal e incluso podría pensarse que hasta saludable para refrescar las maneras de ejercer el servicio público. Pero siempre y cuando se haga con estricto apego a la legalidad.

Incluso desde antes de que entrara en funciones la nueva administración estatal en Veracruz, los empleados del gobierno saliente denunciaron malos tratos e incluso vejaciones de parte de quienes llegaban a encabezar los trabajos de entrega-recepción por parte del candidato triunfador de los comicios del 5 de junio pasado, quienes tildaban a los empleados gubernamentales de “corruptos” y “cómplices” del saqueo del duartismo.

Esa actitud se elevó a la enésima potencia una vez que entró en funciones el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. En todas las dependencias comenzó una suerte de “cacería de brujas” en la que se comenzó a despedir personal sin mayor justificación. Y si la llegaba a haber, se remitía a la cantaleta de ser “cómplices de Duarte”, como si por las manos de los empleados de las distintas oficinas hubiera pasado un solo peso de los miles de millones que sí se robó el ex gobernador prófugo de la justicia y su camarilla, por cierto, impunes todos ellos hasta la fecha.

Pero el mayor problema no es que se despida a un trabajador de confianza cuyo ciclo en una administración terminó, sino que se pretenda hacerlo sin pagarle lo que por ley le corresponde, como una liquidación, su quincena corriente y su aguinaldo completos.

Y eso es lo que ha sucedido en la mayoría de los casos. A los empleados se les ha aplicado “manita de puerco” para que acepten liquidaciones muy por debajo de lo que la ley establece, cuando se las han ofrecido. En otros casos, los más temerosos han aceptado irse con las manos vacías. Varios más, se aprestan para ir a una batalla judicial que tomará varios años y que no le tocará asumir a la presente administración, que durará solamente un bienio.

Sin duda, erradicar del gobierno a la gente que cobraba sin trabajar o que no cubría mínimamente el perfil para ocupar un espacio laboral, más que el de ser recomendado de alguien, era algo que se tenía que hacer, por pura supervivencia de una administración que inició en números rojos. Pero meter a todos los trabajadores gubernamentales en la misma bolsa, humillarlos y encima cubrir sus puestos de trabajo con personal traído de otros estados, como la flotilla de poblanos que aterrizó en dependencias como el DIF estatal, es injusto y contraviene el propio discurso de campaña del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Tan grande se hizo el problema, que la propia dirigencia estatal del PAN tuvo que salir a pedirle al gobierno estatal revisar la manera como se está llevando a cabo el despido de burócratas y ajustarse a lo que marca la ley. No por bondad, sino porque este año hay elecciones municipales en la entidad.

Lo más irónico es que muchos de esos burócratas que están siendo echados a la calle –varios de ellos eficientes y talentosos servidores públicos, que nada tuvieron que ver con la procacidad de los altos funcionarios duartistas- votaron por Miguel Ángel Yunes Linares el pasado 5 de junio. Y seguramente recordarán este momento, frente a las urnas, dentro de medio año. Con mayor razón, en 2018.

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