Tras el despido injustificado de trabajadoras del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), integrantes del Consejo Consultivo de ese Instituto exigieron al Gobierno del Estado el pago pendiente de salarios y aguinaldos, además denunciaron que existe “terror laboral” en dicho organismo.

Y emiten pronunciamiento:

 Las integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres deseamos hacer una precisión a la nota publicada este martes en un medio de comunicación digital, en el que se asegura -con información imprecisa- que como parte de este órgano consultivo “se beneficiaban con montos elevados”, lo cual es falso.

Hay que precisar que las integrantes del Consejo forman parte del mismo gracias al perfil que ostentan, con una experiencia en el trabajo de género e igualdad, lo que les da la capacidad de desempeñar trabajos de Consultoría, como estudios, evaluaciones, talleres de capacitación y otras actividades en la materia.

Para poder llevar a cabo estos trabajos, con recursos federales de programas como PAIMEF y Transversalidad, se deben seguir reglas muy precisas, que no pueden ser alteradas y la adjudicación de este tipo de actividades deben ser en apego a requisitos estrictos en cuanto al nivel de preparación y experiencia de quien los realiza.

Las Consejeras no podemos intervenir en la decisión de la Directora del IVM respecto a las personas que serán contratadas para participar en estos programas. Eso es algo que desde la Dirección del Instituto se planea y se verifica, y de lo cual el Consejo Consultivo tiene conocimiento hasta que la actividad se encuentra en proceso o ha finalizado.

Como Consejeras, con un cargo honorario, podemos participar en convocatorias como estas. La ley en ningún momento prohíbe que las integrantes de los Consejos Social y Consejo Consultivo o las Integrantes de la Junta de Gobierno participen en proyectos. Podemos participar si acreditamos las exigencias que la normativa federal marca y, posteriormente, audita.

En la nota se habla de nuestra supuesta adjudicación que beneficia con altos montos a las Consejeras, sin embargo no se precisa que al momento de haber sido contratadas en muchos de los casos no ostentábamos el cargo o que de manera posterior los servicios de algunas fueron requeridos nuevamente por la calidad de su trabajo, NO por su participación en el Consejo.

Lamentamos que la actual encargada de oficina del IVM, Lic. Sara Gabriela Palacios Hernández, intente denostar a las Consejeras, a través de los medios de comunicación, tratando de señalar irregularidad en donde no la hay, con un tinte doloso y equívoco para denostar a un organismo ciudadano, que, en el cumplimiento de sus funciones, la ha conminado personalmente y a través de los medios de comunicación a que reconsidere los despidos y maltratos de los que su personal está siendo objeto.

Lamentable es que se concentre en otros asuntos y no en las acciones que deben realizarse en el marco de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género para el estado de Veracruz, en el proceso de selección para la nueva directora del IVM, en atender la consecución de recursos federales para el IVM, entre otras muchas necesidades que tienen las veracruzanas.

Para comprobar que no existen irregularidades, hay documentos probatorios necesarios sobre el trabajo y las funciones que llevaron a cabo las Consejeras que también fungieron como Consultoras, mismos que pueden demostrar que no hubo dolo ni beneficios fuera de la Ley para ninguna, conminamos a la Encargada de Oficina del IVM, así como al Área Administrativa de la Instalación, a poner atención a los temas y problemas que son objeto del IVM y que son marcados por la Ley.

(Con información de Imagen siglo xxi)