Es vital y de suma importancia, que los medios de comunicación que dan cobertura a todo lo relacionado con los colectivos integrados por familiares de personas de desaparecidos, deben de exponer su información de manera cuidadosa y por medio de investigaciones profundas y  serias. Lo relacionado sobre algún hecho con los colectivos, debe ser tocado con pinzas, porque el no hacerlo, a los únicos que ponen en riesgo es a sus integrantes. Caer en especulaciones y la nula capacidad para realizar una investigación pertinente sobre los hechos reales, evidencia la falta de seriedad de los responsables que la emiten -pues están llenas de especulaciones- y ponen en evidencia la falta de ética y profesionalismo.

Lo sucedido el día de ayer en la reunión que estos llevaron a cabo con Roberto Rafael Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Jorge Winckler Ortiz, fiscal General del Estado de Veracruz (FGE), Luis Eduardo Coronel Gamboa, fiscal Especial en Personas Desaparecidas, y Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde una mujer llamada Pía Irene Salazar Santana, actualmente reconocida por ser la apoderada legal de Arturo Bermúdez Zurita y de una de las integrantes de los colectivos [quien recientemente buscó asesoría de los colectivos para poder encontrar a su hijo –el cual era servidor público- el cual fue encontrado su cuerpo en las fosas clandestinas de Santa Fe] se infiltró para conocer a detalle los temas que ahí se trataron y aprovechó la inconformidad por el atraso del servidor público federal, para influir en ánimo de los familiares de desaparecidos que integran los colectivos, lanzando improperios en contra de quienes encabezaron la reunión y así boicotearlo. 

Al parecer la señora madre del funcionario, buscó apoyo del hoy preso ex secretario de Seguridad Pública y este le “prestó a su “abogada” la cual no tuvo empacho de aprovecharse de la situación para infiltrarse a un lugar a donde nunca fue invitada y al ver que los integrantes de los colectivos se encontraban realmente molestos por la descortesía del titular de la FGE por haberlos tenido afuera de las instalaciones por tres horas –derivado del atraso de Campa Cifrián-, se centró a servir de “agitadora” para con ello intentar que los familiares de desaparecidos se le fueran encima al fiscal y al subsecretario de Derechos Humanos de la Segob. 

Es muy cierto que en primera instancia los familiares de desaparecidos se encontraban muy molestos por la falta de educación del titular de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, por lo cual entraron a la sala en donde se llevó a cabo la reunión -pese a que los Policías Ministeriales resguardaban la entrada celosamente- presionando y exigiendo respeto a las ahí presentes. Gritando “No somos delincuentes” ingresaron y se acomodaron para esperar al titular del gobierno federal quién arribó al lugar tres horas después de la hora pactada. Se dijo “apenado” luego de que el avión en donde se trasladaba no pudo aterrizar en El Lencero y tuvo que hacerlo en el puerto de Veracruz para ser trasladado vía terrestre. Los ánimos –por obvias razones- estaban “caldeados”, situación que la abogada del indiciado Arturo Bermúdez Zurita aprovechó para la incitación de los familiares de los desaparecidos. Fue ella que inició un acto de desagravio en contra de Winckler Ortiz, principalmente, a quien acusaba de indolente e inhumano.

Al percatarse de su presencia y de su intención por boicotear la reunión, la abogada [quien pretendía conocer cada una de las posiciones de los familiares de desaparecidos en contra de su defendido, Arturo Bermúdez Zurita] fue literalmente echada del lugar y en donde su respuesta intolerante y prepotente era que ella tenía “derecho” de estar ahí, pues era defensora de una de las integrantes de los colectivos. No tuvo más que salir del lugar pues se le comunicó que ningún apoderado legal de nadie se encontraba en la sala y que la reunión era total y absolutamente privada por la seriedad de los temas que iban a tratarse. 

Derivado de este trance, es que curiosamente se publicaron notas tendenciosas en contra de los colectivos en donde se les acusaba de tener dentro de sus filas a Pía Irene Salazar Santana, poniendo en riesgo irresponsablemente a los integrantes de los colectivos por los infundios de esa calumnia. Es importante advertir y precisar, que todos, absolutamente todos los colectivos se pronuncian en contra de esas falsedades que dos medios de comunicación local y uno nacional hicieron. Advierten en sus notas una relación con la abogada de Arturo Bermúdez con los colectivos inmoralmente. Indicaron que desconocen cuál es la pretensión de esa campaña informativa y molestos compartieron una servidora una fotografías en donde la abogada aparece junto con Arturo Bermúdez Zurita en diferentes momentos, otras en donde se le ve al interior de la reunión realizada el día de ayer y otra más a donde aparece sentada con un periodista nacional, donde ella se aprecia hablando vía móvil con “alguien”. 

El Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba –informó Araceli Salcedo- hará un pronunciamiento público en contra de  o quienes intenten desacreditar las actividades de estos. “Es imperdonable –expresó- que haya medios de comunicación pretendan desestabilizar la lucha de quienes sufrimos el dolor de la pérdida de un familiar desaparecido (…) Que no investiguen antes de exponer su información y abonen a la especulación y con ello, atacar a quienes tenemos ya un dolor inmerso por la razón que tú ya sabes (…) Estamos muy molestos por la falta de seriedad de algunos periodistas que escriben sin fundamento y nos ponen en riesgo (…) Nosotros fuimos quienes echamos a la abogada de la reunión, vimos cuál era su intención pues gritaba reiteradamente en contra de Campa y Winckler y al advertir su presencia, nos dimos cuenta que nadie de los de ahí la conocía (…) La mujer acompañaba a una señora que recientemente se integró a los colectivos a causa de un hijo desaparecido” acotó la activista. 

Es importante advertir que en la reunión se trataron seis temas medulares de vital importancia para los colectivos, los cuales no se desahogaron al 100 por ciento pero si a un 60. También se acordó que la próxima reunión se llevará a cabo el próximo 28 de marzo del año en curso y esperamos que el subsecretario de Derechos Humanos de Secretaría de Gobernación, este mal sabor de boca le sirva de lección para considerar tomar todas y cada una de las previsiones pertinentes para este atraso no se convierta en una costumbre. 

Es importante señalar también que existe la versión informativa, que ayer los colectivos junto con las autoridades descubrieron que el Tomo 19 que corresponde al año 2011, el cual contenía investigaciones ministeriales de casos de personas desaparecidas, y este literalmente se esfumó. No está, alguien se lo llevó y ya nos imaginamos quién. Sería importante saber si el titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Winckler Ortiz o en su caso, el fiscal Especial de Personas Desaparecidas, Luis Coronel Gamboa, interpondrán una denuncia penal en contra de Luis Ángel Bravo Contreras Bravo y quienes resulten responsables por el hurto de este importante documento. También nos gustaría conocer ¿Cuántas investigaciones periciales contenían dicho Tomo y en contra de quién eran? Dice el famoso dicho popular “Piensa mal y acertarás” por lo tanto casi nos podemos imaginar que dichas investigaciones contenidas eran en su gran mayoría en contra de Arturo Bermúdez Zurita. Si la FGE no interpone una denuncia en contra de Bravo Contreras nos dejara las siguientes hipótesis: 

1. Qué dicho Tomo fue sustraído actualmente por personal a cargo del gobierno de la “Transición”


2. Qué el Tomo fue hurtado en la administración de Luis Ángel Bravo Contreras, pero no procederán porque hacerlo, violaría el “acuerdo político” que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares hizo con el ex fiscal. 


3. Qué no lo harán para “proteger” con ello a Arturo Bermúdez Zurita, y que tal vez ya están haciendo su pacto con el actual gobierno. 

Esperemos en verdad, que las autoridades procuradoras de justicia hagan lo propio en el tema, porque por mucho que vuelvan a armar dicho tomo, no podrán saber a detalle todos y cada uno de los casos contenidos en él. 

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