El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y el trabajo de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Jorge Winckler Ortiz, tienen que apegarse a Derecho, de lo contrario ex funcionarios como Javier Duarte de Ochoa y todos sus colaboradores que han sido acusados de corrupción, podrían quedar libres.

Así lo advirtió el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Carbonell, luego de ser cuestionado sobre el anuncio de la bodega incautada en Córdoba, con supuestos bienes del ex mandatario y su esposa, Karime Macías.

En ese sentido, dijo que espera que el supuesto descubrimiento se haya realizado conforme a la Ley, de lo contrario todo podría quedar en show mediático.

“Espero que haya habido una orden judicial de cateo y que en la orden se haya señalado con puntualidad cuáles eran los bienes que se estaban buscando. Si estos procedimientos no se instruyen conforme a Derecho, con posterioridad se podrían afectar las acusaciones y a través de amparos quedarían sin fundamento”, advirtió.

Recordó que casos similares ya ha ocurrido en otras entidades, mencionando procesos mediáticos o llamativos como el famoso “michoacanazo”, o las “operaciones limpieza” de la PGR, que terminaron con todos los acusados en la calle.

“Hay que ser cuidadosos en el aspecto jurídico, en esto creo que todos los mexicanos estamos de acuerdo, en buscar justicia, no venganza, que es diferente. No se trata de castigar por castigar, hay que castigar conforme a la ley y conforme a Derecho”, reiteró.

Agregó que el fiscal general del Estado tiene que cuidar las averiguaciones y las investigaciones, para que jurídicamente tengan fundamento y terminen sancionando a quienes robaron recursos públicos en Veracruz.

“Hay un fiscal general, Jorge Winckler, que conoce de Derecho y sabe cuál es el marco jurídico, tiene experiencia litigando y tendrá que hacer su trabajo de la mejor manera posible. Así, la medida del éxito de cualquier fiscalía, de cualquiera que sea, es obtener sentencias condenatorias, todo lo demás es decorativo, ‘bla bla bla’, rollo”.

Consideró que la ciudadanía veracruzana está reclamando de manera clamorosa un alto a la impunidad, pues no es posible que el robo que ocurrió “a manos llenas” del erario”, quede impune.

Sin embargo, expuso que aunque pocos lo digan públicamente, hasta ahora el ex mandatario legalmente no es responsable de los delitos que se le imputan, ya que no ha sido procesado por las autoridades competentes tras darse a la fuga.

En ese sentido recordó que nuevo sistema penal tiene por objetivo principal abatir la impunidad que existe, pues según datos del INEGI el 93 por ciento de los delitos que se cometen en el territorio nacional no son denunciados.

“Ahí empieza la rueda de la impunidad, del 7 por ciento que sí son denunciados en la mitad de ellos no se investiga, no se hace materialmente nada, con lo que solamente queda un 3.5 por ciento de investigaciones que se realizan”, observó.

(Agencia Imagen del Golfo)