Si alguien dudaba de que el proceso jurídico en contra de Flavino Ríos Alvarado era una medida de presión política, ya este lunes lo terminó por confirmar el Presidente del Tribunal Superior de Justicia (y jefe de los jueces de control del fuero común en Veracruz) Edel Álvarez Peña.

Flavino Ríos, exgobernador interino de Veracruz, fue detenido el pasado 12 de marzo por elementos de la Policía Ministerial, cuando salía de su domicilio. El argumento fue que había un proceso en su contra por encubrimiento, tráfico de influencias y abuso de autoridad.

A pesar de que ninguno de dichos delitos ameritaba prisión, la juez de control Alma Aleyda Sosa Jiménez dispuso que se le sometiera a prisión preventiva al menos por un año, a partir de la petición de la Fiscalía, que argumentó que el ex mandatario interino podría sustraerse a la acción de la justicia debido a que “ha desempeñado los más altos cargos públicos en la entidad; cuenta con más de siete domicilios y pasaporte vigente, además de que la pena que se le pretende imputar alcanzaría los 15 años de prisión”.

El martes siguiente a su detención, el 14 de marzo, la bancada del PRI en el Congreso local votó en contra y provocó que fuera rechazado el dictamen de la Comisión de Hacienda del Estado, en el que se aprobaba al gobernador iniciara la renegociación de la deuda.

El mensaje había sido claro: Si Yunes Linares se metía con el PRI, este partido reaccionaría en su contra.

Luego de hacer un reclamo público a los legisladores por su negativa, el gobernador de Veracruz se entrevistó con altas autoridades del gobierno federal que la ratificaron la condición para que fuera aprobada la renegociación: Flavino Ríos debía dejar la cárcel.

Yunes Linares cedió, aunque pidió tiempo para “cuadrar” el argumento jurídico de su salida, sin que se viera exhibida la Fiscalía y, por lo tanto, su gobierno.

El viernes 17 de marzo en nueva sesión extraordinaria, finalmente el PRI respaldó la renegociación de la deuda pública, y para el domingo 19, se informó que Flavino Ríos había sido trasladado a una clínica particular, para ser atendido de un problema de “presión arterial”.

Desde esa fecha Ríos Alvarado abandonó el penal de Pacho Viejo y ya no volvió. Se informó que el martes 11 de abril el exgobernador interino había obtenido una resolución judicial que lo sometía a “arraigo domiciliario” debido a su estado de salud, tras una cirugía que le habría sido practicada, el domingo 09 de abril.

Nada de eso fue cierto.

Flavino Ríos no presentó ningún cuadro clínico grave, que le obligara a estar hospitalizado; tampoco fue sometido a cirugía alguna, ni recibió mandamiento judicial para que cumpliera su arresto en su domicilio.

Una vez que los reflectores se alejaron del exgobernador interino, la juez de control decidió modificar las medidas precautorias y dispuso que Flavino Ríos garantizara una fianza por 5 millones de pesos, entregara su pasaporte y se comprometiera a no salir del distrito judicial de Xalapa, así como asistir a las firmas de control que establece el propio juez.

A final de cuentas Flavino Ríos enfrentará su proceso en una “libertad limitada”, pero lo hará así porque el nuevo sistema de justicia penal así lo prevé. 

Es una pena que Miguel Ángel Yunes Linares sólo haya accedido a dejarlo en libertad (sí, él, porque para nadie es un secreto que el fiscal general, Jorge Winkler, y el Presidente del Tribunal Superior, Edel Álvarez, son meros títeres en las manos del gobernador) a partir de la presión ejercida desde el centro del país.

A todas luces la decisión de capturar a Flavino Ríos para someterlo a un proceso que está destinado al fracaso, ha sido uno de los errores más graves que ha cometido el mandatario estatal desde que obtuvo el triunfo en las urnas.

En la capital del país se percataron de la estrategia mediática que pretende enderezar Yunes Linares contra los duartistas, pero que también le pega al PRI, por lo que tomaron la decisión de asumir la iniciativa, con el mensaje de que los corruptos de Veracruz serán sancionados por el gobierno federal.

Ya dejó en claro la PGR que la captura del propio Javier Duarte fue producto del trabajo de inteligencia realizado en esa área, y que las denuncias que motivaron su orden de aprehensión fueron las que promovió la Auditoría Superior de la Federación, no las que presentó Yunes Linares.

Ahora frenó el desafuero del diputado federal Antonio Tarek Abdalá y puso en evidencia a la Fiscalía de Veracruz, que habría presentado un caso endeble, con más motivación política que argumentos jurídicos.

Lo que sigue (y ya todos lo saben) es proceder en contra de los que se confabularon con Javier Duarte, pero especialmente aquellos que pretendieron adquirir una carta de impunidad negociando con el actual gobernador de Veracruz.

Muchas sorpresas habrán de darse desde el centro del país en las próximas semanas.

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