La policía venezolana dispersó con gases lacrimógenos una nueva manifestación contra el gobierno de Nicolás Maduro, que intentaba llegar a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir respeto a la Constitución. Durante los disturbios un joven de 27 años murió.

Por su parte, el expresidente del Parlamento venezolano Henry Ramos Allup dijo que no ve la posibilidad de una negociación con el gobierno.

En una entrevista con el canal privado Globovisión, indicó que en la actualidad “nadie en la oposición está dispuesto a pagar un costo absolutamente gravoso y terrible de sentarse” a conversar con el gobierno para que la opinión pública lo señale y acuse de “enfriar la calle” (bajar la intensidad de las protestas) o de ser colaborador del chavismo.

En la llamada Marcha de los Escudos, los manifestantes se protegieron de madera y cartón con copias de la portada de la Constitución pegadas al frente.

Algunos manifestantes lanzaron frascos llenos de excrementos, conocidos como bombas “poputov”, a las fuerzas de seguridad,

Además, un grupo de desconocidos, con los rostros cubiertos, disparó contra una concentración opositora en el centro de Caracas, un hecho condenado por el jefe de la Policía Nacional.

Líderes de la movilización en La Candelaria, como la diputada Gaby Arellano, responsabilizaron por el ataque a “colectivos”, agrupaciones civiles que apoyan al chavismo y calificadas por la oposición como “bandas armadas”.

Manifestantes en La Candelaria denunciaron que efectivos de la Policía Nacional no actuaron frente a los hombres armados, pero el director general de ese cuerpo de seguridad, Carlos Alfredo Pérez, salió en defensa de la labor de los agentes y aseguró que garantizará “la vida” de quienes protestan.

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos debió postergar para el lunes la definición de una fecha para una reunión de cancilleres dedicada a Venezuela, lo que dejó al descubierto evidentes divisiones en la entidad.