La diputada local de Morena, Tanya Carola Viveros Cházaro, fue la encargada de mantener en la memoria de los presentes las incontables irregularidades en las que ha incurrido el fiscal Jorge Winckler Ortiz. Recordó desde la tribuna que este servidor público mantiene su vínculo como “defensor voluntario” de Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del gobernador y alcalde de Boca del Río, quien está sujeto a una investigación federal (en la que está incluido su padre) por presunto enriquecimiento ilícito.

 La legisladora se remitió a lo publicado en estrados por el Consejo de la Judicatura Federal, en el que quedó claro que desde su nombramiento como fiscal hasta el 8 de junio, fecha en la que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación, el mismo defensor de los inculpados era a su vez el representante del gobierno estatal.

 El conflicto de intereses es irrefutable.

 La Constitución de Veracruz establece en el tercer párrafo, fracción primera del Artículo 67, que “la función de procurar justicia encomendada a la Fiscalía General, se regirá por los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos”.

 ¿Autonomía?

 Para nadie es un secreto que Jorge Winckler trabaja de forma prioritaria para Miguel Ángel Yunes Linares; que así lo ha hecho desde antes de que éste fuera gobernador y que lo sigue haciendo incluso después de que ambos asumieron sus cargos públicos. La principal obligación de Jorge Winckler hoy es fungir como el instrumento de la venganza de su jefe.

 ¿Eficiencia?

 Les pueden preguntar a las desoladas madres y esposas de desaparecidos. Su peregrinar se ve frenado por la prepotencia, pero también por la ineficacia de los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado.

 ¿Imparcialidad?

 Más temprano que tarde la instancia federal de la justicia exhibirá el abuso en el que han incurrido las autoridades estatales contra todos aquellos que manejaron recursos durante la administración de Javier Duarte. La consigna del Fiscal es una: Mantenerlos en la cárcel mientras Miguel Ángel Yunes siga siendo gobernador. No importa a qué precio.

 ¿Legalidad?

 Ahí están los casos en los que ha incurrido en conflicto de intereses, o las ocasiones en las que ha “filtrado” información reservada por formar parte de investigaciones ministeriales. O las amenazas a ciudadanos veracruzanos para despojarlos de sus bienes, como el caso de la “residencia de Javier Duarte en Tlactalpan”.

 ¿Objetividad?

 No puede presumir de “objetivo” quien tiene como única y prioritaria función atender las órdenes de su jefe político, el gobernador de Veracruz.

 ¿Profesionalismo?

 Un verdadero profesional del derecho no descalifica a los legisladores por el hecho de que no se hayan rendido a sus demandas. A Jorge Winckler le ganan las vísceras y eso le impide comportarse como el buen abogado que –dicen- llegó a ser.

 ¿Responsabilidad?

 Con toda seguridad habrán de encontrarlo responsable de un buen número de violaciones a las leyes del estado. Hoy lo ven, lo escuchan y callan. En cuanto deje el cargo ya será otra cosa.

 ¿Respeto a los derechos humanos?

 El maltrato a las víctimas de desapariciones, la negligencia con la que se ha comportado frente sucesos dolorosos para la sociedad, habla de un servidor público que guarda muy poco apego a los principios de respeto a los derechos humanos.

 Esa es nuestra Fiscalía hoy. Quienes esperen justicia, que busquen por otro lado.

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