A veces la lógica falla y de manera garrafal. Por ejemplo, quien esto escribe, apostaba doble contra sencillo que Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, con tal de salvar el pellejo y pensando racionalmente, no se allanaría a la extradición solicitada por la PGR por la gravedad de los delitos que lo acusan.

Pensé que como los delitos que le imputa en el pedimento de extradición la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a cargo de Jorge Winckler, no son graves, Javier Duarte decidiría -porque ese beneficio le da la ley- ser extraditado por esta vía, dado que hasta podría llevar su juicio amparado y en la calle.

Pero no. La lógica falló. Javier Duarte escuchó tranquilo uno a uno, los delitos federales graves con los que la PGR fundamentó la petición de extradición y con una pasmosa seguridad dijo las palabras que no esperaba escuchar: ¡Me allano!

No cuadra, no suena lógico, a menos claro que el miedo y el terror de estar en la cárcel de Guatemala fuera mayor a pasar 20 o 30 años en una cárcel federal mexicana. 

Pero no, la despreocupada decisión de Duarte que tumbó mi apuesta fue fundamentada en los análisis y recomendaciones que le hicieron sus abogados y que al final de la audiencia de este martes fueron entregados a los medios internacionales en un comunicado de escasas tres cuartillas.  

Los abogados de Duarte se pitorrean del pliego de imputaciones de la PGR ante el juez guatemalteco. 

Qué brutos deben ser, según los abogados de Duarte, sus homólogos de la PGR que fundamentaron la extradición con incoherencias jurídicas bajo las que tendrán que juzgarlo aquí en México. Lo anterior se entiende por la contundencia del Sí me allano de Duarte. Qué tontería hubiera sido pedir regresar a México y meter la cabeza en las fauces del león.

¡Un suicidio! Y más, si tenía la posibilidad en sus manos de pedir que lo juzgaran en Veracruz.

Pero no especulemos, veamos las razones de los abogados que dieron pie al Sí me allano de Duarte. 

Con respecto a la imputación por delincuencia organizada, los abogados de Duarte afirman: “No acreditan -no acaso se intenta probar-, la existencia de una organización supuestamente delincuencial. Mucho menos que ésta actúe de manera permanente o reiterada, requisito sine que non del delito”; “No se acredita la forma de intervención del ex gobernador Duarte de Ochoa, ni mucho menos la pertenencia a una organización criminal”.

En lo que se refiere a las imputaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita, los abogados de Duarte aseguran que no tienen el menor sustento jurídico, de hecho, dicen, está planteada como si fuera peculado. Es decir, fuera de lugar. 

De ser como afirman los abogados de Duarte, estaríamos ante un delito mayor pero por parte de los abogados de la PGR, pues lo estarían encubriendo y dándole la llave para una libertad maquinada. 

Por si fuera poco, la otra lógica que también fallaría es que Duarte ya recluido y en el juicio, vomitara los nombres de sus colaboradores, de todos ellos, grandes y chiquitos, pasando por Los Pinos, Gobierno Federal, San Lázaro y quién sabe cuántos más que colaboraron con él para desfondar las finanzas veracruzanas. 

Es decir, si los supuestos cargos no son defendibles ante un juez, ¿para qué habla Duarte? ¿Para qué embarra a sus amigos y protectores? 

Duarte de Ochoa podrá ser lo que Usted quiera, pero en su posición de apremio, sería infantil que haya tomado la decisión de allanarse con la sola opinión de sus abogados guatemaltecos y sin consultar a los mejores abogados del mundo.

Así, la PGR tiene frente a sí un peligroso señalamiento que ya recorre en los medios nacionales e internacionales, por lo que deberá demostrar en menos de un año que los abogados de Duarte se equivocaron, pues de lo contrario, los costos políticos los pagará Peña Nieto, el PRI y su candidato en el 2018.